El Decreto Maricarmen y las leyes penales en blanco
Mucho se ha escrito sobre el famoso Decreto Maricarmen (en realidad son dos Reales Decreto-Ley, el 28/2026 y el 29/2026, aunque el primero se haya publicado en el BOE con una fecha de entrada en vigor diferida al 15 de noviembre de 2026, más que nada para que no le diera tiempo a ser de aplicación antes de su no ratificación por la Diputación Permanente, prevista para el 12 de noviembre – huelgan comentarios), porque la verdad es que la cosa da para mucho.
Y no sólo por la flagrante irregularidad de su procedimiento de aprobación, que podemos resumir en dos puntos principalmente:
-La utilización de la vía de urgencia del artículo 86 de la Constitución Española (prevista para supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad” en los que no se puede esperar a la sanción parlamentaria) para proceder a su votación tan sólo un día después de su publicación y entrada en vigor (caso del primero de los reales-decretos originales, el 26/2026) o, incluso, a las pocas horas (el segundo, bajo número 27/2026). Porque, si tan cerca está la decisión del Congreso, ¿no sería más sencillo, operativo y, sobre todo, seguro jurídicamente, publicar las normas tras su preceptiva votación, y eso en caso de ser aprobados?
-La artimaña de, decaídos ambos reales decretos, proceder a escasos 4 días a publicarlos de nuevo sin apenas cambios en el BOE para........
