Si toma uno la molestia de leer con calma el texto del acuerdo de Gobierno que han firmado en Extremadura el PP y Vox y, en su parte realizable, encuentra un programa bastante convencional de un gobierno conservador del siglo XXI; nada que asuste especialmente. No parece que vayan a comerse a los niños crudos.

Eso sí, el acuerdo viene trufado de un puñado de concesiones retóricas a Vox. Se ve que los de Guardiola han negociado con la ley en una mano y la experiencia en la otra y los de Vox con el catecismo del agitprop populista. De forma que ambos han obtenido lo que buscaban: el PP un programa realizable sin necesidad de romper la vajilla y un cierto compromiso de estabilidad (que siempre será relativo con ese socio) y Vox unas cuantas banderas que ondear en la guerra cultural.

Ciertamente, lo que se refiere a la inmigración transpira xenofobia por todos sus poros. Pero la mayoría de las medidas que anuncia está fuera de las competencias de un Gobierno autonómico (al menos, de este), como los redactores admiten varias veces, o requiere reformas de leyes nacionales para las que en ningún caso habrá mayoría en esta legislatura.

Puesto que este acuerdo es la plantilla que se reproducirá en Aragón, en Castilla y León y, si se tercia, en Andalucía, trapisondas legislativas como poner patas arriba la ley de Extranjería (mayormente para transformarla en ley contra la extranjería) son pistas que Abascal deja colocadas para cuando toque negociar la investidura de Feijóo. De momento, lo más concreto es que en las escuelas se suministrará una estricta “dieta extremeña”: todo productos de la tierra.

Sin embargo, el concepto “prioridad nacional” es a la vez inane en la práctica para el próximo Gobierno de Guardiola, pero una bomba de relojería adosada al casco de la política nacional.

¿Qué significa exactamente “prioridad nacional”? Aparentemente, todo y nada. Tal como se expone la idea en el texto, se vincula exclusivamente a primar el arraigo temporal en Extremadura de las personas que soliciten cierto tipo de ayudas o servicios públicos. Así lo traduce el PP. Pero si sólo fuera eso, deberían llamarlo “prioridad regional” y, aun así, probablemente chocaría con la Constitución y con unas cuantas leyes en vigor. No cabe hacer distingos entre ciudadanos dentro de España por el tiempo que lleven residiendo en un territorio. Si, por el contrario, damos por buena la interpretación de Vox -es decir, prioridad a los españoles sobre los extranjeros-, para empezar, el choque frontal sería con el derecho de la Unión Europea, que no admite en su seno ese tipo de discriminaciones. Y, por el mismo motivo, sería anticonstitucional en España.

La expresión “prioridad nacional”, incorporada a una norma y aplicada a un servicio público, sería manifiestamente ilegal y cualquier tribunal -desde luego, el Constitucional- la anularía de raíz. Dentro de un acuerdo político, es una bomba de relojería.

Se entiende perfectamente que Vox haya centrado todo su esfuerzo en incluirla en el texto de su pacto con el PP y lo celebre con alborozo. Se repite en dos ocasiones:

Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional.

En cuanto al primer párrafo, no existe un “principio de prioridad nacional” que pueda considerarse adecuado a la legislación vigente, esa es una contradicción esencial. Para superarla habría que rehacer el ordenamiento jurídico e incluso revisar algún principio constitucional, lo que está lejos de las posibilidades del Gobierno autonómico de Extremadura.

En cuanto al segundo, en el que la “prioridad nacional” se enuncia con carácter general como principio inspirador de toda la acción del Gobierno autonómico, no sólo es jurídicamente infumable; es trumpismo en estado puro.

Los redactores del acuerdo extremeño lo saben y lo admiten; por eso el PP, cada vez que cede en que aparezca la siniestra expresión, se ocupa de reconducirla inmediatamente, no a la cuestión de la nacionalidad, sino a la del arraigo (lo que también sería discutible).

Es una práctica peligrosa hacer concesiones ideológicas de fondo en un acuerdo de Gobierno confiando en que, a efectos prácticos, resultarán inanes. Eso es lo que Sánchez lleva años haciendo con sus socios y ya sabemos que, finalmente, su soltura de cuerpo en el terreno de los principios ha tenido efectos devastadores para el país.

Una vez conquistado este precedente, Vox hará casus belli de la introducción del “principio de prioridad nacional” en todos sus acuerdos con el PP. Da igual cómo se quiera matizar en cada caso porque el veneno está en el rótulo, como lo estuvo en varias de las aberraciones que Santos Cerdán, siguiendo instrucciones de Sánchez, se tragó en la compra del voto de Junts para la investidura.

La “prioridad nacional”, formulada como principio, no tiene por qué causar dificultades excesivas a Guardiola en la gobernación de su territorio: simplemente, es inaplicable en el marco de sus competencias. Pero perseguirá y torturará a Alberto Núñez Feijóo desde hoy hasta que llegue el día de sentarse con Abascal a negociar su investidura, y también después de ella. Y quien lo acosará no será principalmente Vox, sino el sanchismo, que ha recibido un regalo con el que no contaba (mejor dicho, lo harán ambos al alimón, como hacen casi todo).

Al introducirlo en ese acuerdo, Abascal se dota de un valioso instrumento de presión sobre el PP, se alinea con la extrema derecha europea y ofrece a Sánchez la pistola humeante con la que acogotar al PP. Algún día se comprenderá que el sueño húmedo de Vox es que el sanchismo permanezca en el Gobierno y que parezca que la culpa no es suya, sino de las torpezas de Feijóo. En su cálculo, el PP no resistiría vivo una segunda edición de la pifia de 2023, por ello hace lo posible por provocarla.

Sánchez ha ido modulando su producto a base de frases tan estúpidas como ventajistas y efectivas. Con el “No es no” estableció el dogma de que en ninguna circunstancia consentirá un Gobierno del PP, salvo que obtenga mayoría absoluta. Con el “Somos más” se otorgó licencia ilimitada para aliarse con cualquiera, sin reparar en su naturaleza ideológica o en su relación con el delito. Con el “No a la guerra” reclama para sí el monopolio de la bondad. Y con “el lado correcto de la historia” (expresión totalitaria donde las haya) pretende ser Hegel sin saber nada de Hegel.

Es evidente que aquí se ha buscado desplegar un cordón sanitario no para la extrema derecha, sino para el Partido Popular, que resulta ser el más votado del país y el único que puede sacar al sanchismo de la Moncloa. Hace bien Feijóo en no dejarse acordonar: España debe saber de una vez si Vox está con este poder o con la alternativa. Pero en este juego macabro las palabras importan mucho; algunas parecen inocuas, pero llevan dinamita.

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