El antaño prestigioso diario El País abrió su edición del lunes, 1 de junio, con un aparatoso titular a cinco columnas: "El Constitucional avalará la amnistía". Los demás medios se ajustaron más prudentemente a los hechos conocidos e informaron que la ponencia elaborada por la magistrada Inmaculada Montalbán recomienda validar la constitucionalidad de la mayor parte de la ley.

Se supone que el pleno del Tribunal analizará la ponencia dentro de tres semanas. En rigor profesional, cabría pensar que El País se precipitó. Sin embargo, no es así. Cada uno informó a sus lectores de aquello que le consta y suministró información plenamente contrastada. El titular de El País no especuló, dio una noticia. La calidad privilegiada de sus fuentes en el oficialismo le permitió asegurar, sin margen de duda, cuál será el sentido de una sentencia que el Tribunal ni siquiera ha comenzado a examinar colectivamente.

Al hacerlo así, delató otras dos cosas de interés: primera, que la sentencia está decidida y nada de lo que suceda antes o durante su consideración por el pleno la hará cambiar. Segunda, que alguna persona en posesión del texto de la ponencia se consideró autorizada, por su propia iniciativa o siguiendo instrucciones, para violar el secreto judicial y suministrar la exclusiva al diario dependiente de la mañana.

Ambas cosas violentan gravemente el código deontológico del Tribunal, pero no el del periódico. Este disponía de una noticia confirmada al 100% y como tal la transmitió a sus lectores. El hecho de que la noticia se refiera a un futurible no cambia su esencia. El País estaba en condiciones de afirmar que la amnistía será avalada por el TC con la misma certeza con la que aseguraría que tras el día vendrá la noche. De hecho, nadie ha osado poner en duda la información del diario gubernamental (que lo sigue siendo editorialmente pese a la batalla campal por su propiedad).

En la portada del martes, la cosa se aclaró aún más: "El fallo sobre la amnistía da un respiro a un Gobierno asediado". Gracias por la obviedad, no habíamos caído. De eso vienen las súbitas prisas de Cándido: dar un respiro al patrón y sacar la sentencia a la puerta del verano y con el Parlamento cerrado. Para cualquier persona atenta, anticipar el sentido del voto de cada uno de los magistrados y acertarlos todos es, como dicen los castizos, tan sencillo como disparar a conejo parado.

¿Quiere eso decir que el debate del pleno será inmune a los argumentos y, por tanto, superfluo? Bingo. Esa votación está cantada, nombre por nombre, desde antes de que existiera un texto aprobado por las Cortes. En el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido no deciden el derecho ni la razón, sino el color de la camiseta. La polarización ha llegado a su sede y se ha implantado allí el voto militante. Nada ni nadie impedirá que el resultado de ese simulacro de debate jurídico sea algo distinto a un 6-4. ¡Somos más!, podrá proclamar el presidente del tribunal y, con él, sus conmilitones en la Moncloa. Tratándose de asuntos que interesan al poder político, en nuestro Tribunal de garantías la única garantía es la obediencia a la consigna en ambos lados de la trinchera.

El problema de esta aberración institucional no es el método de elección de los magistrados. En Estados Unidos todos los miembros del Tribunal........

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