De las cuatro "íes" que Feijóo endosa a la regularización de inmigrantes (injusta, inhumana, insostenible e insegura) al menos acierta en una, aunque el líder del PP tal vez pensaba en otra cosa: "inhumana". Ninguna mejor para adjetivar la estampa de cientos de extranjeros con hambre atrasada de papeles haciendo horas de cola en oficinas de extranjería, embajadas, consulados, ayuntamientos y otros centros habilitados.

Lo dicen los medios: colapso telefónico, saturación de páginas digitales, aglomeraciones en petición de citas previas y barullo general en los dos primeros días del operativo que desborda a las ONGs, gestores, abogados, páginas digitales. También se quejan los funcionarios por la falta de medios para aplicar una normativa que afecta a casi un millón de personas.

El Gobierno habla de 500.000 y Funcas (Fundación Cajas de Ahorro) eleva la cifra a 850.000 a 1 de enero de 2025. Pero los quince meses transcurridos desde entonces sin freno a la entrada legal y la permanencia ilegal nos colocan ante el tsunami de un millón de personas pendientes de la maldita burocracia para acreditarse en el arraigo, la vulnerabilidad y carencia de antecedentes penales.

La plausible solidaridad con los migrantes que viven y trabajan en España (al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026) sin cotizar, sin pagar impuestos directos, pero con acceso a servicios públicos, no ha venido acompañada de un trabajo bien hecho. El desbordamiento de ventanillas y la aparición de "solucionadores" a precio de mercado negro están garantizados.

Es el enésimo ejemplo de oportunista decisión política que no se acompaña de un suplementario dispositivo administrativo para aplicarla. El precio del desbarajuste lo pagan los propios inmigrantes con las colas interminables, los retrasos, los expedientes incompletos, la falta de soltura en el manejo de los portales digitales, etc.

Además, estamos ante otro decreto de autor a espaldas del Congreso y de la UE. No es el primero ni será el último de un Gobierno que ordena y manda en un BOE más de Sánchez que del Estado. Apunta al defecto fundacional de las regularizaciones sobrevenidas que, justamente por eso, por ser extraordinarias (vamos por la sexta de las firmadas antes por González, Aznar, Zapatero y Rajoy), aplazaron una y otra vez la necesidad de una política que ponga orden y concierto por un imperativo moral frente a quienes van donde la necesidad los lleva.

El fenómeno migratorio requiere orden. Pero también concierto. El decreto del Gobierno peca de falta de sintonía con el principal partido de la oposición y la doctrina europea que, a su vez, viene condicionada por el dogma civil de la libre circulación entre los veintinueve países miembros del espacio Schengen.

Feijóo ha acusado a Sánchez de traicionar "los principios básicos del europeísmo" con esta regularización de inmigrantes que, según aquel, amenaza a la seguridad y la salud públicas. Es una objeción poco fundamentada, si tenemos en cuenta que, por desgracia, la UE también carece de una política migratoria. Solo palos de ciego. Lo último ha sido la aprobación en el Parlamento Europeo (380 votos "sí", 206 "no") de un "reglamento de retorno" que no descarta deportaciones a terceros países de inmigrantes rechazados en países de la UE. No es decisión irreversible de la Comisión, pero el Pacto de Migración y Asilo (entra en vigor el próximo mes de junio), contempla la expulsión de "desechables" (con perdón) a países donde carecen de arraigo.

Bien pensado, uno prefiere las regulaciones extraordinarias de Sánchez, aunque sean caóticas y no resuelvan el problema, sino que lo cronifican.

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