El reciente dictamen aprobado por el Congreso que modifica la distribución interna del Impuesto General a las Ventas (IGV) entre el gobierno nacional y las municipalidades es un caso ejemplar de cómo una medida aparentemente técnica puede tener efectos fiscales profundos y, sobre todo, consecuencias inevitables para el contribuyente.

Hasta ahora, el 16% del IGV se destinaba al gobierno nacional, mientras que el 2% se asignaba a las municipalidades a través del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún). Con esta nueva norma, se le quitan dos puntos porcentuales al gobierno nacional —dejándolo con el 14%— y se incrementa la participación municipal al 4%. Este cambio equivale a transferir aproximadamente 10 mil millones de soles anuales a los gobiernos locales, una cifra comparable al presupuesto conjunto de los Ministerios de........

© El Comercio