La operación, que compromete más de S/100 millones de fondos públicos, hoy está rodeada de serios cuestionamientos por la forma en que fue conducida y por la real eficacia del sistema planteado, cuya activación de alertas dependerá principalmente de que los conductores detecten una situación de riesgo mientras manejan y presionen a tiempo un botón de pánico, aun cuando su propia integridad pueda estar comprometida.

El Comercio pudo verificar que la adquisición, aprobada el pasado 16 de abril de este año, se amparó en una declaratoria de emergencia, mecanismo que permitió evitar el proceso regular de licitación y adjudicar el contrato de manera directa. Sin embargo, especialistas consultados por este Diario cuestionaron tanto el uso de esta figura excepcional como la efectividad del modelo de seguridad propuesto, debido a las especificaciones técnicas exigidas para las cámaras. Lejos de ofrecer una solución inmediata frente a la criminalidad que golpea a miles de usuarios cada día, la implementación total del sistema se proyecta en entregas de hasta 10 lotes de 800 cámaras, que se completarían en los próximos años.

La compra directa tras la nulidad del primer TDR

La actual contratación se produjo luego de que quedara sin efecto el primer expediente técnico impulsado por la propia ATU. Tras esa nulidad, la entidad reinició el proceso reformulando los términos de referencia y encargó nuevamente a la Subdirección de Integración y Gestión Tecnológica (SIGT) sustentar el nuevo requerimiento bajo el argumento de la inseguridad ciudadana en Lima y Callao.

Entre fines de 2025 e inicios de 2026, la SIGT emitió nuevos informes en los que justificó una contratación urgente para instalar cámaras internas y externas en hasta 8.000 buses, además de conectividad, almacenamiento y monitoreo permanente. Luego, en marzo de 2026, la entidad aprobó una quinta versión de los términos de referencia, luego de múltiples consultas, observaciones e interacciones con el mercado.

Finalmente, en abril de 2026 la ATU evaluó las cotizaciones recibidas y concluyó que la única propuesta válida era la del Consorcio Perú-Bolivia por S/110.998.473,60. El 22 de abril de ese año, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió opinión favorable señalando que correspondía aprobar una contratación directa por causal de emergencia, pese a que el requerimiento venía siendo trabajado desde años anteriores.

¿Cómo operará el sistema de videovigilancia?

Según........

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