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¿Estocada final a las revocatorias?

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friday

La Subgerencia de Investigación de la ONPE acaba de publicar el estudio “¿Democracia directa o instrumento político?: aproximaciones a los factores que motivan las revocatorias en [el] Perú”[1], un esfuerzo, como otros anteriores, debiera suscitar el interés y acaso un improbable debate de políticos, estudiosos y hasta de periodistas no especializados.

El mecanismo de la consulta popular de revocatoria de autoridades fue una innovación que trajo la Constitución de 1993 y se aplica desde 1997 con la Ley 26300, sobre todo en el ámbito rural, en distritos pequeños. Pero sólo llamó la atención de la gran prensa cuando se realizó en Lima Metropolitana en contra de la alcaldesa Villarán en el 2013. A partir de esa fecha, impulsadas por varios académicos y periodistas, se propusieron reformas a esa ley que se plasmaron en la ley 30315 de abril del 2015, que diseminó un espíritu adverso en los actores electorales que terminó por desinflar el mecanismo y empobrecer nuestras prácticas democráticas.[2]

Antes de la reforma, en 17 años hubo 1,132 consultas y sólo 44 en los diez años siguientes. Si en el primer período, un quinto de los kits adquiridos llegó a convertirse en consultas, en la última, de este año, de 887 sólo 4 llegaron a consultas, es decir, el 0.45 %. A la caída abrupta del número de consultas, siguió la disminución de alcaldes revocados que bajó del 50 % de la primera etapa al 37 % en la segunda.

Si bien, la abreviación del plazo para el recojo de firmas de adhesión y la eliminación de nuevas elecciones municipales (si un tercio de las autoridades era revocado) pueden haber obrado como un desincentivo que disuadió a posibles promotores; es más probable que el severo filtro del RENIEC (que anula una firma de apoyo porque la letra zeta o la ce o la ese de un apellido no coincida con la del DNI), es el que explique ese estrangulamiento, antes que “una probable disminución en la percepción de desconfianza hacia las autoridades locales” como señalan los autores en la p. 74.

Una de las novedades del libro es el capítulo en el que se comparan legislación y prácticas revocatorias de seis países latinoamericanos más Suiza y Estados Unidos, aunque sólo tres -Bolivia, Colombia y Ecuador- tienen sociedades y sistemas políticos comparables con el nuestro. Hace también un interesante recuento histórico con cifras detalladas de lo que han sido las consultas en la primera y en........

© El Búho