Por Roger Najar Kokally
Candidato al Senado por PODEMOS PERÚ

En el Perú, más de un millón de personas dependen directa o indirectamente de la minería artesanal e informal. Esta realidad no es nueva, ni marginal, ni pasajera. Se trata de una actividad económica extendida y vital, especialmente en aquellas regiones donde el Estado ha sido históricamente ausente. Sin embargo, en lugar de políticas de inclusión, el país ha mantenido una lógica represiva: criminalización, interdicciones y abandono. Esa contradicción debe ser enfrentada con honestidad. La minería artesanal no es el problema: el problema es un modelo minero injusto, concentrador y excluyente, que privilegia a la gran minería con beneficios extraordinarios, mientras margina a quienes trabajan por necesidad en condiciones precarias.

La gran minería —amparada por contratos blindados y estabilidad jurídica por 10, 15 o más años— concentra territorio sin producir, evade impuestos mediante deducciones legales y goza de devoluciones anticipadas del IGV. Mientras tanto, bloquea otras formas de economía y encierra al país en una estructura extractiva que no redistribuye ni transforma. Según cifras oficiales, el 14% del territorio nacional está concesionado a la minería, pero menos del 10% está en explotación efectiva. El resto permanece ocioso, usado muchas veces como herramienta especulativa. En paralelo, cientos de miles de mineros artesanales son perseguidos, cuando en realidad representan una fuerza de trabajo que puede y debe integrarse a la economía........

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