ESCRIBE: Roger Najar Kokally, Candidato al Senado – PODEMOS PERÚ

La detención del expresidente Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022, representa una grave distorsión del Estado de Derecho en el Perú. Desde múltiples perspectivas jurídicas, políticas y constitucionales, la prisión preventiva dictada en su contra es manifiestamente ilegal y vulnera principios fundamentales del debido proceso. Lejos de garantizar una justicia imparcial, este proceso revela una instrumentalización del aparato judicial con fines políticos, en un contexto de polarización nacional.

Detención sin flagrancia ni orden judicial

Pedro Castillo fue detenido de inmediato luego de pronunciar un mensaje político transmitido en televisión, en el cual anunció la disolución del Congreso y la reorganización de instituciones. Sin embargo, no existía una orden judicial previa ni se configuró una situación de flagrancia que habilitara su captura inmediata.

El artículo 117 de la Constitución peruana establece que el Presidente solo puede ser acusado durante su mandato en cuatro casos específicos: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de los casos permitidos y obstruir el funcionamiento de los órganos electorales. Ninguna de estas causales encajaba automáticamente con los hechos en cuestión, por lo que la detención fue arbitraria e inconstitucional.

Uso incorrecto de la figura de «rebelión»

Se ha imputado al expresidente el delito de rebelión, según el artículo 346 del Código Penal. Sin........

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