La crisis financiera que golpea al sistema de construcción de viviendas sociales, revelada por DF a partir de la millonaria deuda que mantiene la cartera del ramo con desarrolladores, ha puesto en entredicho la seriedad de la gestión pública en materia de política habitacional y la credibilidad del Estado como contraparte. El problema afecta a inmobiliarias, constructoras y proveedores de todos los tamaños y regiones, cuyo impacto finalmente recae sobre las familias vulnerables y de menores ingresos que esperan acceder a una vivienda digna.

La industria estima en US$ 1.000 millones la deuda del Minvu, correspondiente a estados de pago, anticipos de proyectos, compras de terrenos y suministros. Actores del sector advierten riesgos de quiebras,........

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