La diferencia entre un líder de Estado y un líder de facción se mide en los días en que pierde el poder. Es allí donde la grandeza institucional se pone a prueba.

Colombia atraviesa uno de esos momentos en los que la serenidad democrática vale más que cualquier victoria política. Después de un proceso electoral cuyo resultado fue reconocido por las autoridades competentes y frente al cual existen los mecanismos constitucionales para presentar reclamaciones, resulta profundamente preocupante que desde sectores del gobierno saliente se continúe alimentando la narrativa de un supuesto fraude electoral sin que, hasta el momento, se hayan presentado pruebas concluyentes que lo acrediten ante las autoridades judiciales y electorales.

En una democracia constitucional, las sospechas no reemplazan las pruebas. Las consignas no sustituyen las sentencias. Y las redes sociales jamás podrán ocupar el lugar que la Constitución les otorgó a los jueces.

La oposición es un derecho. La protesta pacífica también lo es. Pero una cosa muy distinta es convertir la inconformidad política en una estrategia permanente de desobediencia civil basada en afirmaciones que aún no han sido demostradas. Cuando quienes ejercieron la primera magistratura del Estado insisten en desconocer la legitimidad del sistema electoral sin una decisión judicial que así lo establezca, no solo erosionan la confianza ciudadana: debilitan las instituciones que juraron defender.

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