Por: Carlos Tobar

Desde hace muchos años alcaldes de varios municipios del país en contubernio con “empresarios privados” han convertido la prestación de algunos servicios públicos en un negocio altamente nocivo para las comunidades que caen en sus garras.

Han utilizado para sus desaguisados la tronera legal que encontraron en la ley 142 de 1994, conocida como “ley de servicios públicos domiciliarios”. Una norma que, buscando la modernización de los servicios de agua y alcantarillado, energía (electricidad y gas), aseo y alumbrado público, permitió la participación de particulares. Para facilitar esa participación, la legislación fue modificada de forma tal que, la administración y los negocios de servicios públicos se rigen por las normas del derecho privado de sociedades.

Este derecho particular no tendría nada de raro si manejara exclusivamente recursos del sector........

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