El modo de hacer política de CC y su Gobierno tiene sus referentes y sus consolidadas prácticas. Entre ellas, la mala gestión, como acabamos de ver con los 1.329 millones de euros presupuestados que la Comunidad Canaria dejó de gastar en el año 2024; lo que supone el peor porcentaje de ejecución de los últimos doce años. O, también, los 537 millones de superávit del mismo ejercicio (el triple de lo que tenían previsto en las cuentas públicas) que irán obligatoriamente al pago de la deuda y no podrán ser usados para financiar los servicios públicos, la vivienda o las inversiones; eso sí, con un Gobierno que aumentó el 30% sus asesores y altos cargos. Otra característica diferenciadora es la incapacidad para afrontar decisiones que corresponden al ámbito competencial del autogobierno y, paralelamente, el hábito de despejar el balón hacia el campo de otras administraciones sea la estatal o la de la Unión Europea. El más reciente ejemplo lo encontramos en el papel del Ejecutivo respecto a las medidas para afrontar el reto demográfico en las Islas.

Un reto que no es nuevo. Ya el modelo de desarrollo y sus consecuencias, entre otras el elevado crecimiento poblacional, produjo amplias movilizaciones sociales a finales del pasado siglo XX y comienzos del XXI. Pero entonces algunos decidimos actuar. Compartiendo esas preocupaciones, siendo presidente del Gobierno canario (1999/2003) impulsamos primero la ley 6/2001, conocida como moratoria turística (que desclasificó más de 300.000 camas turísticas). Para, después de un gran debate social y político, poder elaborar la ley 19/2003 de Directrices de Ordenación general y turística de Canarias.

La Ley de Directrices se aprobó por unanimidad de los tres grupos de la Cámara de entonces, CC, PSOE y PP. Y su orientación apuntaba hacia un crecimiento modulado, la no ocupación de más territorio, optando por la reforma de la planta obsoleta, y la renovación de las ciudades turísticas, así como la diversificación y la cualificación de la oferta y una mayor formación del personal del sector. En los tres años siguientes solo se podía aumentar el 1% la oferta hotelera en las islas turísticas, siempre basada en parámetros de calidad; para las islas verdes se estableció una legislación específica (Ley 6/2002). Podemos concluir que si esa contención del crecimiento........

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