Tras los graves acontecimientos del último mes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó el pasado miércoles 9 de junio en el Congreso de los Diputados el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, elaborado por el Gobierno progresista de coalición con el apoyo técnico de la Organización para la Colaboración y el Desarrollo Económico (OCDE). Un Plan que compartimos globalmente desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), aunque echamos de menos una mayor concreción y la inclusión de otras medidas que reclamamos, como el final de los aforamientos o la prohibición de las puertas giratorias. Un Plan que pretende ganar en transparencia y calidad democrática, en credibilidad de la política y de las instituciones. Pero que es insuficiente, si se quiere garantizar la continuidad del Ejecutivo progresista y frenar a la ultraderecha, si no va acompañado por una acción de gobierno centrada en la aplicación de medidas nítidas de transformación social que impacten en una mejora sustancial de la vida de la gente en empleo, vivienda, servicios públicos o políticas de cuidados a las personas.

La sesión parlamentaria de presentación del Plan de Lucha contra la Corrupción sirvió para calibrar el estado de ánimo de Sánchez y su gobierno y, asimismo, los apoyos efectivos con los que cuenta el Gobierno de coalición. Nítidos en el caso del PSOE y Sumar, incluso de ERC. Algo más tibios por parte de Bildu y BNG o de un PNV que planteó varias opciones, entre ellas la presentación de una cuestión de confianza, pero que mostró sus distancias enormes con el PP; más alejados se sitúan Junts y, sobre todo, Podemos. En la otra banda, el PP y Vox, con destinos cada vez más unidos, y que, más allá de sus escaños, solo contarían de entrada con el posible apoyo de regionalistas navarros y canarios. Por cierto, la radicalización del PP es una fuente de votos para Vox, el que más crece en los sondeos.

En mi opinión el debate, muy crudo y........

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