El debate sobre la financiación autonómica es uno de los más trascendentes del actual curso político. Asunto complejo siempre, en esta ocasión se encuentra además atravesado por el acuerdo PSOE-ERC para la investidura de Illa y que supone una modificación en la financiación de Cataluña. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) demandamos un modelo que ofrezca a las comunidades suficientes recursos para afrontar las necesidades en servicios públicos e infraestructuras. Planteado desde la solidaridad interterritorial y que exige, también, la corresponsabilidad fiscal. Y, por supuesto, que tenga en cuenta a Canarias, desde el respeto a la desvinculación de los rendimientos tributarios del REF de los recursos del sistema de financiación, mejorando la ponderación de la insularidad y reconociendo el impacto de la pobreza en los servicios públicos.

La financiación autonómica constituye un elemento esencial en la estructura del modelo descentralizado de Estado establecido en el título VIIIº de la Constitución del 78. Se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por los respectivos estatutos de autonomía y por los acuerdos que se alcanzan (o, más bien, debieran alcanzarse) cada cinco años y que se publican como ley; el último, el del año 2009. En 2014, por tanto, debería haberse hecho una evaluación de su funcionamiento y, en su caso, una revisión de este; pero no ha ocurrido y ya han pasado diez años. Solucionar este asunto es determinante para que, desde una distribución de los recursos justa, solidaria y suficiente, las comunidades ofrezcan adecuada respuesta a las necesidades ciudadanas. Bloquearlo por intereses partidistas constituye una evidente irresponsabilidad.

No será sencillo, al margen de la dificultad añadida que puede representar el acuerdo establecido por PSOE y ERC para que Cataluña tenga una financiación singular que, de aplicarse, supondría una modificación sustancial del régimen común del que ahora forman parte todas las comunidades, excepto Euskadi y Navarra. Un acuerdo que precisa de mayorías políticas en las Cortes para cambiar la LOFCA y la ley 22/2009 que regula la financiación de las comunidades de régimen común. Su mayor riesgo es que aportar más recursos a Cataluña suponga........

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