Tras un año y medio de idas y venidas, de acusaciones cruzadas y de posturas encontradas, parece que la luz se ve al final del túnel. Lo vivido en este tiempo con la acogida y distribución de los menores migrantes no acompañados se ha asemejado más a lo que representa la mala política que a lo que debe ser el interés general y, sobre todo, la garantía de una buena atención a estos chicos y chicas que arriesgan su vida en el Atlántico.

Lo acontecido en Canarias en todo este tiempo es la prueba de que la crisis migratoria ha caído, casi en solitario, en las espaldas de una comunidad autónoma que, desde el principio, alertó de las limitaciones de sus servicios de atención y del riesgo de desbordamiento de la capacidad para dar respuesta a esta situación que afecta a más de 5.800 menores. En pocas palabras, nos quedamos solos para afrontar una cuestión que trasciende más allá de esta tierra, y que debería ser un asunto de Estado y del conjunto de la Unión........

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