09 de abril 2026 - 03:12

El viernes pasado se publicó la nueva Ley de Montes de Andalucía, una norma que actualiza el enfoque tradicional de la política forestal, asumiendo que conservar el monte exige gobernarlo mejor. Gobernarlo significa planificar, gestionar, invertir, prevenir, evaluar y corregir cuando haga falta. La ley reconoce, además, a los montes como infraestructuras naturales que aportan servicios ecosistémicos imprescindibles para el bienestar de la sociedad, sostienen la biodiversidad y pueden actuar como motores de desarrollo social, económico y cultural en Andalucía.

Durante años, una parte de nuestra cultura ambiental ha confundido protección con inacción, conservación con “no tocar”. Fue, quizá, una reacción comprensible frente a muchos excesos del pasado. Pero hoy resulta claramente insuficiente. Los retos globales evidencian que no intervenir, a veces puede equivaler a intervenir mal, porque significa que el deterioro siga su curso. Andalucía, como he comentado en otras ocasiones, es un mosaico. Conviven montes públicos y privados, dehesas, matorrales mediterráneos, pinares de repoblación, sierras y llanos, espacios agrosilvopastorales y territorios sometidos a una presión creciente por la expansión urbana y de infraestructuras. Precisamente por eso, la conservación requiere una gestión diferenciada, prevención y actuaciones adaptadas a cada contexto. Una de las novedades de la ley es que otorga protagonismo a la gestión forestal en su conjunto, no sólo al monte público, incorporando incentivos y mecanismos para reforzar la función social y protectora. Porque la conservación no puede depender únicamente de la buena voluntad, necesita herramientas, estabilidad y reglas que hagan viable hacer las cosas bien.

Hay, además, una novedad con fuerte carga simbólica, como es el impulso explícito a las técnicas ligadas a la inteligencia artificial en la gestión y conservación forestal, como herramientas para integrar datos, cartografía, teledetección y modelos predictivos, que permitan prevenir incendios, detectar estrés hídrico, monitorizar cambios en la cubierta vegetal o priorizar actuaciones de restauración.

En el fondo, la clave está en aprender a intervenir sin destruir, usar sin agotar y conservar sin abandonar. Ese equilibrio entre conservación e intervención responsable es el núcleo central de la política forestal del siglo XXI, porque el monte no se protege solo.

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