Según Sheinbaum.

Se trata de un mecanismo para impedir que personas con posibles vínculos con el crimen organizado lleguen a las candidaturas de 2027.

¿Pero quién decidirá qué perfiles son políticamente “aceptables” para competir en México?

La comisión se integraría por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para periodos de tres años. 

¿En el fondo, de quién dependerán estos inquisidores? 

De la información que les proporcionen dependencias subordinadas al Ejecutivo:

¿Qué harán los partidos? 

Entregar de forma “voluntaria” las listas de aspirantes —quienes deberán autorizar por escrito su revisión—, pero, a mi modo de ver, la supuesta voluntariedad resulta cuestionable: negarse a entregar los nombres implicaría un costo político inmediato. 

Se presentaría como una negativa a transparentar posibles nexos con el crimen organizado. 

Ya se sabe que, en política, pocas cosas provocan más miedo que aparecer públicamente bajo sospecha, aunque nunca exista una acusación........

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