Innumerables problemas abruman hoy a la muy impopular presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, por tensiones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el debate sobre la pena de muerte y la reciente promulgación de la ley de amnistía, cuestiones que la mantienen impertérrita, aunque no es así cuando tiene que salir en defensa de su hermano Nicanor, siempre envuelto en una que otra fechoría.

Además, coincidió con un golpe judicial a su entorno más cercano: el mismo día, la Fiscalía allanó la vivienda de su hermano, por vínculos con una organización criminal que estaría encabezada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
De acuerdo con la investigación, cuando Santiváñez ocupaba el cargo de Ministro del Interior favoreció al abogado Percy Alberto Tenorio Gamonal en la recuperación de terrenos de la minera El Dorado. A cambio, no solo se habría solicitado un pago económico, sino también la extensión de “arraigos laborales” a favor de Nicanor.

Desde hace meses, el Ejecutivo y el Congreso impulsan iniciativas que han generado fricciones con organismos internacionales de derechos humanos. El hecho más reciente fue la promulgación, por parte de la presidenta, de una ley que concede amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados e incluso condenados por delitos cometidos durante la etapa fujimorista entre 1980 y el 2000.

La amnistía incluye a criminales sin sentencia firme y a sentenciados mayores de 70 años. La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó a suspender su tramitación, por considerar que contraviene obligaciones internacionales asumidas por Perú.

Lejos de acatar el pronunciamiento, Boluarte -sabiéndose protegida por la reacción- consideró la exhortación como una intromisión.

La posibilidad de salir del sistema interamericano ha sido mencionada en varias ocasiones por miembros del Ejecutivo, todos de derecha. En junio, el primer ministro Eduardo Arana anunció ante el Congreso la conformación una comisión para evaluar esta medida, señalando hipócritamente que “es un aspecto de sumo interés para el Congreso y la ciudadanía en general”.

Y es que la soberanía no está reñida con el respeto a los tratados internacionales, pese a lo que cree el gobierno.

Empero, la mandataria insistió en que “no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”. Según explicó, la norma tendría como objetivo “ampliar los alcances” del concepto jurídico de soberanía “a la realidad contemporánea”, con el fin de que “el Perú afirme, sin ambigüedades ni concesiones,........

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