LA HABANA.-Una funcionaria agrede y rompe intencionalmente el teléfono de un periodista de Cubanet. Este la había interpelado sobre el desvío de unos carros cisternas que debían abastecer de agua potable a una localidad de Arroyo Naranjo, recibiendo como respuesta el ataque y, posteriormente, una citación para ser interrogado. Fue en la estación de Policía del Capri, probablemente la más caótica y corrupta de la capital —según el criterio generalizado de la población circundante—, y la misma que el 11 de julio de 2021 “aportara” a las protestas callejeras el acto más violento de aquellos acontecimientos: el asesinato del joven manifestante Diubis Laurencio Tejeda.

Pues ha sido en esa estación donde esta vez ha sucedido algo así como una anomalía del sistema, como un fallo en la Matrix, cuando lejos de ser castigado el agredido y exonerada de culpas la agresora —como ha sido práctica habitual del castrismo cuando un conflicto con uno de sus peones, ya sea de mayor o menor rango, involucra a un “enemigo”—, los represores decidieron resarcir al periodista independiente obligando a la funcionaria a pagar por los daños, y con una suma considerable.

Al menos en los últimos diez años, no recuerdo una noticia similar. Por el contrario, entre decomisos en la Aduana, secuestro y destrucción de medios de trabajo, ataques con virus informáticos y registros en viviendas que terminan en saqueo, entre uso excesivo de la fuerza y mera prepotencia de represor o funcionario entusiasta, la cuenta se torna tan gigantesca que si existiera otra excepción en el........

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