Vienen meses, quizá años, de ajuste en todos los niveles del Estado. Este 18 de septiembre de 2026 el Congreso aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares, y el Gobierno proyecta bajar el déficit de 9,1% del PIB en 2026 a 3,8% en 2028. Se habla de congelar sueldos y de mantener o reducir las transferencias a los gobiernos subnacionales.

Ese mismo día el diésel subió 83,16%, y eso va a encarecer alimentos, fármacos, transporte y servicios médicos, además de reducir el poder de compra del propio Estado. El gasto y la inversión pública van a bajar de forma notable, y es probable que la salud lo sienta. La pregunta, entonces, es con qué sistema se llega a ese ajuste, y la respuesta es incómoda: con uno confuso.

La ley de autonomías repartió competencias entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios, pero dejó sin resolver quién planifica qué, quién invierte dónde y quién responde cuando algo falla. Las actividades y las responsabilidades se superponen o se pierden entre las grietas, y la gestión se resiente. El propio Plan Nacional de Salud 2026 – 2030 reconoce esa fragmentación histórica y propone rectoría, redes integradas e interoperabilidad.

Basta revisar los estados financieros de gobernaciones y municipios para ver cuánto dinero se va en medicamentos. En Bolivia compran por separado unos 340 municipios, nueve gobernaciones y el gobierno........

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