En medio de una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, Bolivia recibió una noticia difícil de comprender. Tras 53 días de bloqueos, desabastecimiento, inflación creciente y escasez de combustibles, el Órgano Judicial amenazó con iniciar un paro escalonado de actividades que incluso podría convertirse en una paralización indefinida. No se trata de una protesta cualquiera. Significa detener uno de los servicios esenciales del Estado y dejar desprotegidos precisamente a quienes más necesitan una respuesta de los tribunales.

La Justicia no produce cemento, electricidad o alimentos, pero garantiza algo igual de importante: la vigencia de los derechos. Cuando un tribunal deja de atender causas, no se suspenden únicamente trámites administrativos. También quedan en pausa la libertad de personas detenidas preventivamente, la protección de víctimas de violencia, los procesos familiares, las demandas laborales y los conflictos comerciales. Cada día sin jueces es un día adicional de incertidumbre para miles de ciudadanos que llevan años esperando una resolución.

Las autoridades judiciales sostienen que el sistema necesita más recursos para modernizarse, reducir la mora procesal y combatir la corrupción. Nadie discute que la Justicia boliviana requiere mayor inversión. El problema aparece cuando se intenta presentar el presupuesto como la causa principal de todos sus males. La realidad demuestra que las fallas más profundas tienen raíces institucionales que ningún incremento de recursos podrá corregir por sí solo.

Basta observar el funcionamiento cotidiano de los tribunales para........

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