Corren en la Asamblea Legislativa por lo menos tres proyectos de una ley contra bloqueos que busca penalizar esa práctica, lo que acarrearía que se convierta en delito al ser añadida al Código Penal boliviano. La exCOB –ahora ‘Central de Oligarcas Bolivianos’– y otras organizaciones similares están echando el grito al cielo (aunque supongo son ateos, como buenos socialistas) porque aseveran que esa penalización estaría vaciando de contenido su –indiscutible– derecho a la protesta. Desde el otro lado de la balanza, la ciudadanía alega que llegó nomás la hora de castigar esa mala práctica, a la vista de los terribles daños que desde hace varios años ha causado. Ej.: Ayer un exportador bananero del interior tuvo aquí, en la capital, que rifar in extremis todo su perecible producto porque no pudo llegar oportunamente a la frontera, por los bloqueos recientes.

Pues bien, así el estado del arte de esa deliciosa polémica siempre saludable para una sociedad que se precia de democrática; me remito a la Ciencia del Derecho para escribirles mi opinión. Empiezo recordando que, según el Constituyente (art. 109. II de la CPE), nuestros derechos y garantías –protesta, en el caso– solo pueden ser regulados por ley. La Corte IDH ha rematado (O.C.........

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