La autora de esta columna hace una lectura crítica del Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y lo aplica a su área del Trabajo Social y lo cruza con el peligro que implica el avance del populismo de ultraderecha.. Pero más allá, sostiene que “la experiencia internacional demuestra que la deshumanización tecnológica del bienestar vulnera derechos y deteriora el sentido mismo de la solidaridad social. América Latina puede aprender de esos errores y, desde su tradición de pensamiento crítico y compromiso ético, ofrecer una respuesta alternativa fundada en la justicia, la democracia y la transparencia como principios rectores de toda política pública”.

Créditos de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno

El Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (De Schutter, 2025) constituye un documento de enorme relevancia política y ética. En él, el relator advierte sobre la expansión del populismo de ultraderecha como síntoma de una crisis estructural del contrato social contemporáneo, derivada de la profundización de las desigualdades, la erosión de la confianza institucional y la deslegitimación de la protección social. Estos procesos interconectados configuran lo que denomina una distopía del bienestar, caracterizada por la vigilancia, la condicionalidad y la exclusión de las personas más vulnerables. Desde una perspectiva de derechos humanos, el informe señala que la democracia se encuentra amenazada por la reconfiguración autoritaria del Estado, la captura del malestar social y el uso político del miedo. En lugar de fortalecer la cohesión social y la igualdad, muchas políticas públicas actuales, en especial en materia de protección social, están reproduciendo un modelo punitivo que legitima la desigualdad y alimenta el resentimiento social.

El informe traza un diagnóstico sobre el retroceso del Estado de bienestar y la consolidación de un paradigma asistencial centrado en la condicionalidad, la meritocracia y la sospecha hacia las personas pobres. De Schutter analiza cómo la transformación de la asistencia social en programas de activación laboral ha convertido el acceso a prestaciones en una carrera de obstáculos condicionada por la búsqueda activa de empleo o la aceptación de trabajos precarios. Este modelo, extendido en Europa y América del Norte, instala la idea de que la pobreza es una falla moral o individual y no un problema estructural. Por tanto, no generan inclusión laboral sostenible, más bien, estas políticas producen precarización, discriminación y estigmatización, afectando de modo particular a mujeres, jóvenes, minorías étnicas y personas con discapacidad. Se identifica una tendencia global hacia la distopía del bienestar, caracterizada por la vigilancia, el control social y el paternalismo estatal. En este nuevo modelo, las poblaciones vulnerables son tratadas como sospechosas o corregibles, más que como sujetos de derechos.

Otro fenómeno abordado es la digitalización del bienestar mediante sistemas algorítmicos de evaluación de riesgos y control de fraudes. Aunque presentados como mecanismos de eficiencia, estos instrumentos tienden a reproducir sesgos discriminatorios e intensifican la vigilancia sobre las poblaciones pobres. Casos como el

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