Los autores de esta columna profundizan en la polémica que han generado los altos sueldos de funcionarios del Congreso . Dicen que «el escándalo de los megasueldos ha dejado en evidencia las asimetrías entre el Congreso Nacional y el resto del sector público. Sus causas se vinculan principalmente con las reglas que rigen la política salarial y los escasos mecanismos de control externo. La experiencia comparada demuestra que es posible avanzar hacia esquemas institucionales con mayores niveles de supervisión, tanto mediante controles internos robustos como a través de agencias independientes, o incluso delegando el control externo en los tribunales o en la Contraloría General de la República».

Créditos de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

Durante octubre, el país se vio sacudido por el caso de los llamados megasueldos en el Congreso Nacional. Diversas investigaciones periodísticas revelaron la existencia de más de 180 funcionarios que perciben remuneraciones superiores a las del Presidente de la República, con montos que oscilan entre los $8,4 y los $19 millones brutos mensuales.

La magnitud del escándalo no radica únicamente en las cifras, sino también en el hecho de que la mayoría de estos sueldos corresponden a funcionarios de planta y contrata de las áreas administrativas y técnicas del Poder Legislativo.

Conviene aclarar que estos hechos no constituyen una ilegalidad. El problema, como argumentaremos a lo largo de esta columna, es esencialmente de diseño institucional: un escalafón salarial que no se ajusta a la realidad del servicio público y la falta de control externo sobre los actos del Poder Legislativo.

A diferencia de los órganos de la administración del Estado dependientes del Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) poseen autonomía administrativa y presupuestaria. Esto les permite definir sus propias plantas, escalas de remuneraciones y asignaciones mediante reglamentos internos aprobados por sus respectivas mesas directivas.

Desde una perspectiva histórica, la Ley N.º 19.297 de 1994 creó una Comisión Bicameral Especial encargada de definir, por única vez, los escalafones, la estructura de cargos y las escalas de remuneraciones del personal del Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y la BCN. A partir de esos acuerdos iniciales, cada cámara ha mantenido la potestad de actualizar internamente sus grados y asignaciones, lo que ha consolidado un sistema salarial autónomo respecto de la administración pública. En la práctica, esta autonomía ha permitido que los sueldos de algunos cargos administrativos y profesionales alcancen niveles significativamente........

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