Salmonera Aquachile produce miles de toneladas en áreas protegidas sin permiso ambiental
Desde 1997 la ley ambiental exige que los centros que produzcan más de 35 toneladas de salmones o que modifiquen su proyecto original por sobre esa cantidad, deben evaluar sus impactos ambientales. A pesar de eso, Aquachile, brazo salmonero de Agrosuper, registra 30 ciclos productivos con más de 73 mil toneladas cosechadas por sobre lo autorizado originalmente en 9 centros distintos, y con el agravante de hacerlo dentro del Parque Nacional Isla Magdalena (2) y la Reserva Nacional Las Guaitecas (7) en la región de Aysén. A pesar de recibir denuncias, la Superintendencia del Medio Ambiente aún no inicia los procesos sancionatorios.
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En abril de 2021 la Superintendencia del Medio Ambiente marcó un precedente al iniciar un procedimiento sancionatorio contra dos centros de cultivo de salmones de la empresa canadiense Cooke Aquaculture por producir, en reiteradas ocasiones, miles de toneladas de peces sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o permiso ambiental, tal como lo exige la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por lo cual se encontrarían eludiendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el agravante de hacerlo dentro de un área protegida, como es el Parque Nacional Laguna San Rafael en la región de Aysén.
Tras revisar los antecedentes legales de los más de 400 centros de cultivo de salmones ubicados al interior de áreas protegidas, esta investigación constató que dicha elusión al SEIA se replica en otros nueve centros de cultivo, todos ellos propiedad de Aquachile, la mayor productora de salmones del país y parte del conglomerado Agrosuper. De los nueve centros, dos se ubican en el Parque Nacional Isla Magdalena y siete en la Reserva Nacional Las Guaitecas, ambas en la región de Aysén.
El 3 de abril de 1997 entró en vigencia el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Desde entonces, los proyectos para el cultivo industrial de salmones que ingresaran a trámite o se encontraran pendientes de ser aprobados, debían primero evaluar sus impactos ambientales en el SEIA, pero en muchos casos esto no fue así.
De estos nueve centros de cultivo cuyas operaciones se encontrarían en elusión, todos estaban en trámite al momento de entrar en vigencia el SEIA en abril de 1997. A pesar de eso, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) aprobaron los proyectos técnicos y el otorgamiento de las concesiones, respectivamente, sin exigir la evaluación ambiental de sus actividades.
Pese a que inicialmente pasó desapercibido, posteriormente este actuar de la Subpesca y la SSFFAA en favor de las empresas salmoneras fue declarada ilegal por la Contraloría General de la República (CGR) a través del Dictamen N°21270N01, publicado en junio del 2001. “Las solicitudes de concesiones de acuicultura y sus modificaciones, cuyo proyecto técnico sea aprobado a partir del 3 de abril de 1997 [deben ser evaluadas ambientalmente], independientemente de la fecha de presentación de las mismas, etapa en la cual resulta legalmente pertinente exigir como requisito previo a la aprobación del respectivo proyecto técnico y cronograma de actividades, la calificación ambiental favorable por parte de la Comisión Nacional o Regional del Medio Ambiente”, decía el pronunciamiento.
Pero en junio de 2001 ya gran parte de los proyectos técnicos ingresados a........
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