Hablar de reinserción en el sistema penitenciario no es nuevo, pero el autor de esta columna comenta que es el tiempo para tomarlo en serio. La experiencia internacional indica que invertir en ella tiene efectos concretos en seguridad. Sostiene que “es hora de traducir el diagnóstico en actos: convocar auditorías externas al sistema penitenciario, exigir metas cuantificables a los programas de reinserción y condicionar la asignación presupuestaria al cumplimiento de resultados medibles, especialmente en cárceles concesionadas que históricamente han operado bajo criterios de eficacia operativa, pero no de reinserción”.

Créditos imagen de portada: Francisco Paredes / Agencia Uno

En Chile debatimos hoy si la solución es endurecer las penas y recortar los derechos de los presos. La premisa es sencilla y rápida: castigarlos más y quitarles garantías debería traducirse en menos delitos en las calles. Pero esta fórmula olvida un dato de mucho peso: nuestras cárceles funcionan al 140% de su capacidad y siguen en constante ascenso. No hay espacio físico, ni recursos ni personal para seguir apilando condenados; las celdas colapsan y los internos conviven hacinados, sin las condiciones básicas para subsistir. ¿De verdad creemos que apilar cuerpos en celdas saturadas va a reducir el crimen?

Ese nivel de saturación no solo genera incomodidad, sino riesgos reales de salud y seguridad. Servicios sanitarios desbordados, camas improvisadas en pasillos y acceso limitado a atención médica o psicológica se han vuelto el pan de cada día. Para los gendarmes, el desafío crece al mismo ritmo que la población; un solo descuido puede derivar en motines o episodios de violencia que afectan tanto a los internos como a funcionarios. Claros ejemplos han sido las noticias sobre varios penales, donde se reporta que reclusos han pasado hasta 20 horas sin comida y deben compartir camas por falta de........

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