Los autores de esta columna escriben sobre las dificultades que existen en el sistema de educación superior para que los estudiantes puedan moverse por este, como se supone que permite la legislación vigente. Sostienen que «la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) tiene un papel crucial que cumplir. Sus Criterios y Estándares de 2023 aún no incorporan indicadores específicos sobre articulación o reconocimiento de aprendizajes previos. Incluir estos elementos como dimensiones evaluables de la calidad sería un paso clave para incentivar el cambio institucional».

El discurso de la movilidad educativa no se condice con la estructura legal que rige el sistema de educación superior. La ausencia de un marco sistémico de articulación impide el acceso real a la formación continua y al aprendizaje a lo largo de la vida.

Desde hace más de tres décadas, Chile reconoce la necesidad de promover trayectorias formativas continuas. Sin embargo, el sistema de educación superior sigue funcionando como un conjunto de compartimentos estancos. Aunque el discurso oficial —y la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior (2018)— invoca la articulación y las trayectorias formativas como principios rectores, la realidad es que son insuficientes los mecanismos efectivos que las hagan posibles.

La rigidez estructural del sistema impide que una persona que inicia su formación técnica pueda avanzar sin obstáculos hacia niveles superiores. Y más grave aún, la falta de reconocimiento de aprendizajes previos bloquea la posibilidad de que la experiencia laboral, la capacitación, u otras instancias formativas sean valoradas dentro de la trayectoria educativa flexible.

En Chile, la flexibilidad curricular dista de ser una práctica en........

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