La autora de esta columna entra en el debate acerca de la “permisología” para sostener que esta “no es otra cosa que la intención —todavía muy imperfecta— de asegurar que los proyectos de inversión cumplan los mínimos estándares posibles de sostenibilidad social y ambiental”. Y agrega que “la crisis climática, ecológica y social exige más y mejor regulación, no menos. Exige participación real de las comunidades en las decisiones que afectan su territorio. Exige un Estado que deje de funcionar como facilitador de intereses privados y asuma su rol de garante del bien común”.

Imagen de portada: Pablo Rojas Madariaga / Agencia Uno

En las últimas semanas ha cobrado fuerza un discurso que responsabiliza a la llamada “permisología” (ver columna en #ciperOpinión)—una supuesta maraña de trámites y burocracia— por el bajo crecimiento económico de Chile durante la última década. Desde sectores empresariales y think tanks como el CEP, se alza una narrativa que sitúa a la regulación ambiental como un obstáculo estructural al desarrollo. Se propone cortar esta supuesta “trampa institucional” con reformas profundas: desde eliminar normas vigentes hasta crear un Ministerio de la Desregulación. La consigna es clara: “pasar la motosierra” a los permisos. Pero, ¿qué hay detrás de este discurso? ¿Es realmente la regulación el problema, o más bien su constante debilitamiento?

Un dato basta para poner en duda esta alarma. Desde 2020 a la fecha, el Sistema........

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