Tres dudas razonables y un pecado capital detrás del colapso de la red ferroviaria
Los economistas son expertos en predecir el pasado, reza el dicho. Muchos especialistas se atribuyen en estos días advertencias bien fundadas sobre las taras que arrastraba el sistema ferroviario y que terminaron provocando siniestros como los de Urda o Adamuz. La liberalización de la alta velocidad, la brecha generacional entre los cuadros tanto de Renfe como de Adif, el déficit de inversiones… Es verdad que conspicuos servicios de estudios, ilustres analistas y hasta la tozuda realidad, regada por episodios cada vez más recurrentes de incidencias en el servicio, alertaban de que algo no iba bien. Sin embargo, ante un desenlace de tan extrema gravedad y más allá del detonante final, probablemente nada pueda explicarse sin una suma continuada de factores. Hay evidencias sobre el funcionamiento del sistema, de hecho, que invitan a una reflexión en profundidad no tanto sobre lo sucedido -que también-, sino sobre cómo reconstruir en el medio y largo plazo la confianza en un medio de transporte devastado en el corto. Los dilemas son múltiples.
Mercado privado de facto con operadores públicos. La liberalización del AVE es señalada como un punto de inflexión. Ouigo, filial de la empresa estatal francesa SNCF, operaba el primer servicio privado tras la apertura del mercado allá por mayo de 2021. Iryo, con el sello de la pública italiana Trenitalia, seguía sus pasos algo más de un año después, en noviembre de 2022. Es fácil acudir al exceso de trenes circulando por la misma vía y a la falta de mantenimiento para zaherir la liberalización. Más preguntas debería plantear hasta qué punto se ha conseguido dotar de eficiencia a un mercado privatizado de facto que, sin embargo, se rige por el derecho público tanto en lo que afecta al gestor de la infraestructura como a un operador de referencia.
En efecto, para cualquier encargo o iniciativa, Renfe y Adif deben pasar por procelosos concursos licitados bajo el paraguas de la Ley de Contratos del Sector Público, con adjudicaciones sometidas a dilatados periodos de pliegos técnicos, alegaciones y hasta impugnaciones. Aunque es cierto que existen fórmulas para agilizar los trámites más urgentes, el modelo alimenta por definición la burocracia y las actuaciones tardías, por mucho que los afectados se pongan el mono de trabajo e intenten adaptarse a la competencia. Es lógico que sectores como el ferroviario o el aeronáutico compartan esa convivencia estratégica de lo público y lo privado, entre otras cosas para........
