El 19 de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump a partir de abril de 2025 son inconstitucionales. Los gravámenes que Trump denominó “recíprocos” se aplicaron a muchos productos de la mayoría de los países del mundo. Su base legal fue la ley International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), de 1977. El presidente, en esencia, alegaba que los déficits récord comerciales en bienes de 1,18 billones de dólares constituyen una emergencia económica para el país norteamericano. Su equipo calculó los aranceles a aplicar en función de los que otros países cargan a sus ventas a EE UU y a barreras comerciales no arancelarias como estándares sanitarios, fitosanitarios, contingentes, violación de la propiedad intelectual y otorgación de subvenciones. Bajo la presión de los aranceles recíprocos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, Unión Europea, Indonesia e India pactaron con Washington.

Seis de los nueve jueces del Tribunal Supremo, incluyendo tres conservadores, opinaron que la Ieepa existe para sancionar a un país hostil a EE UU. En efecto, su adopción en 1977 pretendía modernizar y delimitar el poder del presidente para castigar económicamente a enemigos. John Roberts, presidente del Supremo, y dos conservadores elegidos por Trump se sumaron a los tres jueces progresistas al sentenciar que la Ieepa no permite fijar aranceles muy altos sobre productos de muchos sectores a todos los Estados. Rechazaron la........

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