La vivienda: un derecho, no un activo
La vivienda ha terminado por precipitar el final de la legislatura. El 2 de octubre, el Congreso rechazó la convalidación de los dos reales decretos ley con los que el Gobierno estatal pretendía intervenir en el mercado.
Días después, el Consejo de Ministros volvió a aprobarlos con algunos cambios y el presidente Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Con las Cortes Generales disueltas, será la Diputación Permanente del Congreso la que decida, en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el BOE, si esas normas siguen adelante o no. Su composición, más reducida que la del pleno del Congreso, abre la puerta a que se convalide el primero de esos decretos ley (el que protege frente a los desahucios y amplía la oferta asequible), mientras que el segundo, que establece la prórroga de los contratos de alquiler, es probable que quede en el aire, pendiente de un puñado de votos.
La vivienda se ha convertido así en el eje de la campaña electoral. Y, como suele ocurrir en esta etapa, el debate amenaza con reducirse a eslóganes: construir más, dar seguridad jurídica, premiar fiscalmente al casero bueno.
En esta coyuntura, conviene detenerse y volver a lo básico, porque en ese ruido se está perdiendo de vista algo esencial: de qué hablamos cuando hablamos de vivienda. Y conviene hacerlo ya, porque lo que se decida en las urnas el 29 de noviembre próximo marcará durante años si la vivienda se trata como un derecho constitucional o solo como un activo.
A continuación, aporto cinco ideas para salir del actual atasco, siempre con la mirada puesta en Canarias:
1) Un derecho, no una mercancía más
El artículo 47 de la Constitución no deja lugar a dudas: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos están obligados a promover las condiciones y a dictar las normas necesarias para hacerlo efectivo, “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. El Constituyente no se limitó a enunciar una aspiración: nombró al adversario, la especulación, y señaló la herramienta, la regulación del suelo. Y añadió que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística pública.
Es cierto que el artículo 47 forma parte de los principios rectores de la política social y económica y que, por sí solo, no permite reclamar una casa ante un juez. Pero sería un error leerlo como una declaración retórica: es un mandato que vincula al legislador y a todas las administraciones, y que debe informar cada ley, cada plan urbanístico y cada ordenanza.
La Constitución tampoco consagra un derecho de propiedad ilimitado. El artículo 33 reconoce la propiedad privada, pero establece que su función social delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Y el artículo 128 recuerda que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. El Tribunal Constitucional lo ha dicho con claridad: limitar las facultades del propietario de viviendas en nombre de su función social no vacía de contenido el derecho de propiedad, sino que lo define.
De ahí se sigue una conclusión sencilla, aunque incómoda para algunos: la vivienda no puede tratarse como un activo financiero más, equiparable a un bono o a una acción. Un piso es, antes que nada, el lugar donde alguien vive, cría a sus hijos, se recupera de una enfermedad o envejece. Cuando el mercado decide que es más rentable mantenerlo vacío, alquilarlo por días a turistas o por meses con contratos de temporada que esquivan la ley, no estamos ante una decisión privada sin consecuencias: estamos ante un uso que choca frontalmente con la función social que la Constitución exige.
2) No es lo mismo un pequeño propietario que un gran tenedor
Uno de los grandes errores del debate es hablar de los propietarios como si fueran un bloque homogéneo. No lo son. La mayor parte del alquiler en España está en manos de particulares: familias que heredaron un piso, jubilados que completan una pensión, personas que invirtieron sus ahorros en una segunda vivienda. Junto a ellos, operan fondos de inversión, socimis y grandes empresas que gestionan cientos o miles de viviendas con criterios estrictamente financieros.
Tratar igual a unos y a otros es injusto y, además, ineficaz. El pequeño propietario necesita, sobre todo, seguridad: garantías frente a impagos, mediación rápida, apoyo para rehabilitar y un marco estable. El gran tenedor tiene una capacidad de influencia en los precios de un barrio que ningún particular tiene, y por eso debe asumir obligaciones proporcionales: transparencia sobre su parque, límites más estrictos en zonas tensionadas, prioridad........
