En su primera semana de gobierno, el presidente Rodrigo Paz instaló un relato, casi de serie dramática: el Estado boliviano heredado es “una cloaca”, un pulpo con tentáculos fuera de control con el que se “robaron 15.000 millones de dólares” y, al mismo tiempo, un cadáver sobre el que solo cabe practicar una autopsia.

No halló instituciones deterioradas, estructuras ineficientes ni problemas de gestión; encontró, según él, una película de terror y horror: Estado muerto y una máquina montada para “robarle el futuro a la patria”.

Estas metáforas no son neutras ni inocentes. Funcionan como narrativa que ordenan toda la interpretación de la realidad. Si el Estado es una cloaca, todo lo que provenga de la etapa anterior (Evo Morales Ayma, Luis Arce Catacora y el MAS) queda automáticamente contaminado.

Si lo único posible es la autopsia, la continuidad institucional pierde sentido y cualquier ruptura abrupta se vuelve casi una obligación moral. Lo que está en juego no es solo la descripción de una crisis, sino la construcción de una narrativa total: “Ellos” dejaron un cadáver. “Nosotros” lo abrimos para mostrar el crimen… y, de paso, para gobernar sin herencia legítima que estorbe en la resurrección de “la patria”.

Ex ministro desmiente a Paz

El corazón numérico del discurso de Paz es la denuncia de un presunto “robo” de más de 15.000 millones de dólares. La cifra aparece una y otra vez en la conferencia de prensa, en las respuestas a periodistas y en las notas de prensa posteriores, siempre como símbolo del saqueo y casi nunca como dato técnicamente explicado.

El presidente ofrece un único ejemplo concreto y aún así tropieza. Afirma que se compraron nueve radares por 360 millones de euros y que no habrían funcionado en más de diez años, pero Edmundo Novillo, exministro de Defensa, lo contradice con cifras verificables: no fueron nueve sino trece.

Además de la cantidad, Novillo aclara el estado exacto de cada equipo y el monto restante. Siete radares militares están en operación, mientras cinco civiles y uno mixto aguardan certificación. Y el costo real no llegó a 360 millones, sino a 191, con solo 4 millones aún por pagar. Cuando los números hablan, las narrativas improvisadas se caen solas.

Ese caso digno de investigación profunda, es utilizado como “muestra” de un daño mucho mayor. Pero nunca se expone un desglose que responda preguntas básicas que cualquier ciudadano mínimamente curioso podría hacerse:

En la conferencia, Paz admite que la cifra es “posible”, que incluso puede ser mayor, pero que debe “certificarse”, lo que confirma que no proviene de una auditoría cerrada, sino de estimaciones preliminares (o solo de cálculos políticos de campaña). Pese a ello, la trata como verdad política consolidada.

Un número........

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