¿Debemos creer que durante dos siglos no hubo mujeres con mérito suficiente, o con la idoneidad necesaria? o ¿es que la estructura misma estaba diseñada para marginarlas?

El pasado 15 de diciembre, y tras dos siglos de historia, el tribunal pleno de la Excma. Corte Suprema de Chile eligió -por unanimidad- a la ministra Gloria Ana Chevesich como su próxima presidenta para el bienio 2026-2027.

Sin duda, esta elección es un hito importantísimo y único, en la historia de la judicatura, ya que la ministra Chevesich se convierte por primera vez, desde que se instituyó el máximo tribunal en 1823, en la primera mujer en dirigir el Poder Judicial. Y ello resulta absolutamente relevante, ya que como Presidenta de la Corte Suprema implica, además, que también presidirá el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Consejo de la Academia Judicial.

Sin embargo, celebrar este hito no debe impedirnos hacer una pregunta incómoda: ¿Por qué tardamos más de 200 años? Si la Corte Suprema fue instituida en la Constitución de 1823. ¿Se trata sólo de elegir al integrante del máximo tribunal más antiguo? ¿Debemos creer que durante dos siglos no hubo mujeres con mérito suficiente, o con la idoneidad necesaria? o ¿es que la estructura misma estaba diseñada para marginarlas?

Pues bien, si analizamos cómo se fue conformando la judicatura desde que se declara la Independencia de Chile en 1810, es posible reconocer, ya en el Reglamento Constitucional de 1812, artículo 17, que “la facultad judiciaria residirá en los tribunales y jueces ordinarios…”. Asimismo, el Plan de hacienda de administración pública de 1817, disponía en sus artículos 123 y 128, la conformación de un Tribunal Superior de Justicia y Apelación y el establecimiento del Supremo Poder Judiciario, respectivamente, todos organismos integrados por varones, letrados, debiendo ser llamados “los ciudadanos de mayor suficiencia, probidad y patriotismo”.

Por su parte, la Constitución de 1818, al referirse a los órganos que componen la Autoridad Judicial, regula cuales deben ser las características de los miembros del Poder Judicial, estas son, “integridad, amor a la justicia, desinterés, literatura y prudencia”. Estas mismas calidades, se repiten en la Constitución de 1822, ya que para ser “magistrado o juez” se requería, además de ser abogado, tener las cualidades de: “las de literatura, virtud y méritos”.

Debo hacer el alcance, que para esa época la mujer no era considerada ciudadana, no tenía derecho a acceder a estudios universitarios y no tenía derecho a sufragio, por lo tanto, cualquier cargo en el espacio público era privativo y exclusivo para los hombres.

De esta forma, y pese, a haber sido instituida la Suprema Corte de Justicia, el 29 de diciembre de 1823, con la promulgación de la Constitución Política de 1823, que luego en 1828 se llamará Corte Suprema, sólo en 1925 ingresó la primera mujer al escalafón primario del Poder Judicial y recién en la cuenta pública de 1970, se hará mención –por primera vez– por parte de su presidente Ramiro Méndez Brañas, a las mujeres como parte integrante de la institución.

Para entender esta demora injustificable, no basta con mirar el presente, que claramente es diametralmente distinto a como fue concebido desde un inicio el poder judicial chileno, el que, a través de la historia, ha sufrido sucesivos replanteamientos, sino que, debemos mirar el ADN de la institución. La historia de la judicatura chilena no ha sido neutra para las mujeres, ha sido en muchos casos injusta, dura y hostil.

Basta recordar el caso de Matilde Throup, la primera mujer abogado de Chile. Ella marca un precedente importante, no sólo por ser la primera mujer en obtener el título de abogado, sino porque es la primera mujer en postular al cargo de notario y secretario judicial en la ciudad de Ancud –oficio que estaba reservado sólo para hombres– siendo rechazada su postulación por la Corte de Apelaciones de Concepción por ser mujer, argumentando en su resolución que: “si la ley prohíbe a la mujer ser........

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