Ensayo sobre la Consolidación de un Protectorado Petrolero

NOTA DE APERTURA // TERCERA PARTE. En las dos primeras entregas de este ensayo, establecimos los marcos conceptuales para comprender la reforma petrolera de 2026 como una privatización fiscal de facto bajo un régimen de autoritarismo tutelado, para luego descender al terreno jurídico concreto, examinando los cuatro mecanismos de transferencia de renta al capital transnacional y sus graves violaciones constitucionales que se establecen con la Reforma.

En esta tercera y última entrega abordamos el dispositivo discursivo que legitima la reforma -el «realismo acrítico»- y esbozamos las bases de un «realismo crítico» como alternativa. Examinamos luego el sustrato institucional que hace posible esta reforma: la ficción de la separación de poderes, la Ley Antibloqueo como institucionalización de la opacidad, la corrupción endémica de PDVSA y la captura sistémica del Estado. Cerramos con una síntesis crítica que articula la tesis central, analiza lo que está en juego, identifica las fisuras del orden emergente y propone ejes de acción para las fuerzas democráticas.

VI. LA TRAMPA DEL REALISMO ACRÍTICO: NATURALIZACIÓN Y CLAUSURA DE ALTERNATIVAS

La reforma se legitima mediante lo que hemos denominado un «realismo acrítico» que la presenta como la «única opción posible» dadas las «correlaciones de fuerza». Los argumentos típicos de este discurso incluyen: «Venezuela no tiene recursos para invertir, necesita capital extranjero»; «La oposición debe negociar con el chavismo»; «Estados Unidos es necesario dado el vacío de poder»; «Las aspiraciones morales no son viables, hay que ser pragmáticos».

Este discurso opera como una subideología que naturaliza la dominación mediante tres mecanismos críticos.

Primer mecanismo: la naturalización. Lo contingente se presenta como necesario. La entrega de renta petrolera no es una «ley económica objetiva», sino una decisión política reversible. Noruega construyó su modelo de maximización de renta estatal (78% ) sobre el sector petrolero- precisamente en un contexto de necesidad de inversión extranjera para el desarrollo del Mar del Norte en los años setenta (Norwegian Petroleum Directorate, 2025). Logró atraer inversión con términos más favorables al Estado (y a la sociedad noruega), respaldada por instituciones sólidas y un alto nivel de gobernanza democrática. La diferencia no es que Noruega tuviera «mejores condiciones objetivas», sino que tomó decisiones políticas distintas, respaldadas por unas correlaciones de fuerza que esas mismas decisiones contribuyeron a construir (Rosenthal et al., 2023). La referencia al caso noruego debe entenderse, por tanto, como ilustración de que las decisiones políticas y las instituciones importan tanto o más que las cifras fiscales, no como un modelo que pueda ser trasplantado mecánica e inmediatamente al contexto venezolano.

Una de las justificaciones recurrentes para reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela apela a la supuesta «transición energética acelerada», que estaría reduciendo la demanda global de petróleo y obligando al país a ofrecer condiciones fiscales más atractivas para atraer inversiones. Dürich (2026) desmonta cuidadosamente esta narrativa. De acuerdo con los propios informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), solo en el escenario más exigente -el de Cero Emisiones Netas (Net Zero Emissions Scenario, NZE), que presupone una transformación política global sin precedentes históricos- la demanda petrolera entra en un declive pronunciado. En cambio, en el escenario central descriptivo (Stated Policies Scenario, STEPS), la demanda alcanza un pico cercano a los 102 millones de barriles diarios hacia 2030 y luego desciende gradualmente, sin colapsar; mientras que en el escenario de Políticas Actuales (Current Policies Scenario, CPS), que considera únicamente las políticas ya vigentes, la demanda continúa creciendo hasta alrededor de 113 millones de barriles diarios en 2050, sin evidenciar un pico previo..

Invocar selectivamente la idea de un pico inminente, ignorando los escenarios más probables, constituye precisamente el tipo de clausura ideológica que aquí cuestionamos: una selección interesada de evidencia que naturaliza la urgencia de la cesión. Un ejemplo paradigmático de esta clausura ideológica es el manejo de las cifras del government take. Mientras organismos como la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos (AVH) difunden la imagen de un insostenible 95% de carga fiscal, el analista Carlos Dürich expone el sesgo de esta narrativa al recordar que :

«…lo que no nos dice la AVH es que estar por encima de ese promedio es lo común entre los países con mayores reservas y producción, como es el caso de EE. UU., cuyo Government take es de 88%, o Arabia Saudita, que es de 87%» (Dürich, 2026).

La reforma, por tanto, no nos acerca a un estándar mundial objetivo, como se pretende hacer creer, sino que nos sitúa deliberadamente por debajo de países como Irak (36%) o Kuwait (31%), precisamente aquellos cuya soberanía energética se ejerce bajo una tutela geopolítica mucho más acentuada. El objetivo no parece ser la eficiencia, sino la subordinación.

En esta misma línea, las propias empresas petroleras han revisado sus expectativas sobre la velocidad de la transición. Así, la noción de que Venezuela «debe apurarse» a vender su petróleo antes de que pierda valor carece de sustento empírico. Más bien, funciona como una profecía autocumplida que construye artificialmente un sentido de urgencia, pese a que la evidencia disponible indica que la demanda global se mantendrá en niveles significativos durante décadas en cualquier escenario que no suponga transformaciones políticas de carácter excepcional. En este sentido, la idea de una transición energética inminente opera como un dispositivo ideológico orientado a clausurar el debate sobre alternativas.

Segundo mecanismo: la clausura temporal. El «realismo» privilegia el corto plazo sobre las consecuencias estructurales. El argumento de que «hay que atraer inversión ya» pretende justificar cualquier concesión, ignorando que una concesión que garantiza al operador la captura del 74% de la renta durante 30 o 40 años no es una medida temporal, sino una decisión que estructura el modelo de desarrollo para toda una generación. El cortoplacismo aparentemente «realista» hipoteca el futuro.

Tercer mecanismo: la profecía autocumplida. Al presentar la reforma como la «única opción», el discurso desactiva las resistencias, haciendo que efectivamente se convierta en la única opción viable. Si los sectores que podrían resistir aceptan que «no hay alternativa», entonces no habrá alternativa organizada. El realismo no solo describe el mundo, sino que lo produce, junto con su aceptación pasiva y resignada.

El realismo acrítico que legitima la reforma de la LOH no es solo una postura analítica ni un error cognitivo: es un dispositivo discursivo de legitimación funcional al esquema de dominación que la reforma institucionaliza. Operando mediante la naturalización de lo contingente, la clausura del horizonte temporal y la profecía autocumplida, propagado por un arco entero de la clase política venezolana, (sobremanera, la que está constituida por el cipayato de los Rodríguez y sus aliados, pero también por buena parte de los sectores opositores venezolanos), este discurso transforma una transacción política asimétrica -cesión de soberanía a cambio de supervivencia autoritaria- en imperativo técnico-económico inevitable. Así, la subordinación geopolítica se presenta como «pragmatismo», la transferencia de renta como «modernización», y el autoritarismo tutelado como «estabilidad». El realismo acrítico es, en última instancia, la ideología de la entrega: aquella que convierte la renuncia en virtud, la resignación en racionalidad, y la capitulación en "realismo".

Hacia un realismo crítico: condiciones mínimas para una eventual renegociación

Contra el realismo acrítico, pero también contra el idealismo nacionalista acrítico, es necesario esbozar una postura o un enfoque que reconozca los condicionamientos existentes sin naturalizarlos hasta convertirlos en leyes inexorables. A falta de un mejor nombre lo denominaremos realismo crítico. Se trata entonces de tener una mirada sobre el escenario que ciertamente sea realista pero que sea capaz de abordar el análisis de las correlaciones de fuerza en perspectiva histórica, que reconozca su carácter mutable; y la valoración de la eficacia política subordinada a horizontes normativos de democratización, soberanía y justicia social. El caso boliviano de 2006 demuestra que la reversibilidad es posible, pero también que su legitimidad no depende solo de la fuerza, sino de la naturaleza del acto original. Como apunta el economista Joseph Stiglitz al analizar aquellas renegociaciones:

«…muchos acuerdos fueron aparentemente hechos en secreto por gobiernos anteriores, y sin la aprobación del Congreso. De hecho, dado que la Constitución boliviana requiere la aprobación del Congreso para tales ventas, no está claro que Morales esté nacionalizando nada: los activos nunca fueron vendidos adecuadamente. Cuando a un país le roban un tesoro artístico nacional, no llamamos a su retorno "renacionalización", porque le perteneció al país todo el tiempo» (Stiglitz, 2006, citado en Likosky, 2009; p. 27).

Esta perspectiva invierte los términos del debate: la pregunta no es si sería legítimo revertir la reforma de 2026, sino si fue legítimo el proceso de desposesión que la hizo posible. Desde esta perspectiva, y pensando en la Reforma de la LOH, diríamos que tres condiciones mínimas harían posible, en el mediano plazo, una renegociación o replanteamiento de los términos de la cesión:

Cláusulas de revisión obligatoria cada tiempo prudencial -cinco a siete años-, ligadas a umbrales de producción y gobernanza. El caso iraquí evidencia que esta renegociación es posible incluso en condiciones de extrema adversidad institucional, aunque requiere voluntad política sostenida y un horizonte de largo plazo.

Cláusulas de revisión obligatoria cada tiempo prudencial -cinco a siete años-, ligadas a umbrales de producción y gobernanza. El caso iraquí evidencia que esta renegociación es posible incluso en condiciones de extrema adversidad institucional, aunque requiere voluntad política sostenida y un horizonte de largo plazo.

Fondo Soberano Petrolero con gobernanza tripartita (Estado, sociedad civil, veeduría internacional) para blindar al menos el 30% de la renta incremental.

Fondo Soberano Petrolero con gobernanza tripartita (Estado, sociedad civil, veeduría internacional) para blindar al menos el 30% de la renta incremental.

Adhesión plena a un régimen EITI esto es, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, -por sus siglas en inglés-, con estándares ampliados que incluyen el análisis de empresas estatales, contratos y flujos extrapresupuestarios- con auditorías anuales obligatorias por firmas internacionales y publicación desagregada de contratos.

Adhesión plena a un régimen EITI esto es, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, -por sus siglas en inglés-, con estándares ampliados que incluyen el análisis de empresas estatales, contratos y flujos extrapresupuestarios- con auditorías anuales obligatorias por firmas internacionales y publicación desagregada de contratos.

Sin estos candados institucionales, la «flexibilización temporal» se convierte en una entrega permanente. La historia latinoamericana demuestra que las reformas petroleras no son irreversibles: Bolivia recuperó el control estatal pleno de sus hidrocarburos mediante el Decreto Supremo 28701 del 1 de mayo de 2006, logrando que el Estado retuviera el 82% del valor de la producción en los campos de mayor escala tras renegociar 44 contratos con 12 compañías en un plazo de 180 días (Morales Ayma, 2006; Ceppi, 2014); y Argentina reestatizó el 51% de YPF en 2012 mediante la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. Sin embargo, el caso argentino encierra una advertencia que Venezuela no puede ignorar: la expropiación se ejecutó sin cumplir el estatuto societario de YPF, que exigía hacer oferta de compra a los accionistas minoritarios, lo que derivó en una condena de un tribunal estadounidense por aproximadamente 16.000 millones de dólares -cifra que con intereses acumulados supera ya los 18.000 millones en 2026- en favor del fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos de litigio de los accionistas afectados (Preska, 2023, citada en Infobae, 2026). La lección no invalida el ejemplo de reversibilidad, sino que lo precisa: las reformas pueden revertirse, pero cuanto antes se construyan las condiciones institucionales y jurídicas para hacerlo, y cuanto más riguroso sea el procedimiento, menores serán los costos para el Estado. Para Venezuela, donde la reforma acaba de aprobarse, esta ventana de acción temprana sigue abierta. Lo que falta no es solo soberanía formal, sino capacidad y, sobre todo, disposición y voluntad política para construir las correlaciones de fuerza que permitan renegociar desde una posición menos débil.

Es preciso, sin embargo, introducir aquí una complejidad adicional que las propuestas anteriores no pueden ignorar sin incurrir en el idealismo acrítico que denunciamos. El mecanismo del fideicomiso bilateral en Qatar -mediante el cual el Tesoro de Estados Unidos supervisa directamente las cuentas petroleras venezolanas, aprueba los presupuestos mensuales del gobierno de Delcy Rodríguez y tiene poder de veto sobre partidas específicas (Bermúdez, 2026; Infobae, 2026)- introduce una variable de dependencia geopolítica que transforma el problema de la renegociación en un problema de doble interlocutor. La pregunta pertinente no es solo «¿puede Venezuela renegociar con las transnacionales?», sino también «¿puede Venezuela renegociar con Washington la devolución de la soberanía presupuestaria que ha cedido?». Un Fondo Soberano Petrolero o cláusulas de revisión obligatoria carecen de viabilidad efectiva si los recursos sobre los que operarían pasan previamente por el filtro de aprobación estadounidense. Esto no invalida las propuestas, pero sí precisa que su implementación requiere, como condición previa, alguna forma de restauración de la soberanía presupuestaria que hoy se ejerce desde Washington. Dicho de otra forma: las condiciones mínimas para una posible renegociación no son solo institucionales -construir un PDVSA capaz, un Estado con separación de poderes, una sociedad civil movilizada-, sino también geopolíticas: negociar con el tutor externo los términos de su propia retirada del control directo sobre los ingresos petroleros. Esta negociación de segundo orden es, probablemente, la más difícil de todas, y el realismo crítico que aquí proponemos no puede eludirla sin traicionarse a sí mismo.

Es necesario, igualmente, preguntarse quién personifica ese realismo crítico en las condiciones políticas concretas de Venezuela en 2026. La respuesta no admite romanticismo pero tampoco parálisis. No se trata de un actor unitario preformado, sino de una constelación de fuerzas heterogéneas cuyos intereses convergen, en distintos grados y horizontes, en torno a demandas de transparencia, reversibilidad y reconstrucción institucional: la tecnocracia petrolera venezolana en la diáspora, que preserva el capital técnico que el régimen destruyó y que ya trabaja para las mismas transnacionales que hoy operan en Venezuela; las organizaciones de documentación y transparencia -Transparencia Venezuela, Acceso a la Justicia, CLIPPVE, PROVEA, por solo mencionar algunas- que construyen el archivo histórico sobre el que se podrá fundar la reclamación futura; los sectores universitarios y académicos que mantienen viva la crítica desdem el ámbito de la producción de conocimiento científico-técnico en condiciones adversas; y, en el mediano plazo, cualquier formación política que alcance el gobierno bajo condiciones de mayor legitimidad democrática y asuma la renegociación como mandato. Ninguno de estos actores tiene poder de veto sobre la reforma hoy. Su función no es detenerla -eso está fuera de su alcance bajo las correlaciones de fuerza actuales- sino hacer que sea más difícil repetirla mañana, y construir las condiciones bajo las cuales la reversión sea posible cuando cambien esas correlaciones. La distinción entre detener y construir condiciones para la reversión no es un eufemismo resignado: es la única estrategia honesta disponible cuando la correlación de fuerzas inmediata es desfavorable pero la historia no ha concluido.

Por otro lado, se hace necesario, reconocer honestamente los obstáculos que enfrentan estas alternativas. La invocación del "modelo noruego" o de una "renegociación agresiva de la deuda" puede incurrir en idealismo acrítico si no se especifica cómo se superarían las restricciones concretas: ausencia de movilización social organizada, emigración de cerca de 8 millones de personas, incluyendo fuerza técnica calificada (R4V, 2025; ACNUR, 2025), hiperfragmentación del campo opositor (y buena parte de este cooptado, y perfectamente alineado y subordinado al oficialismo), colapso de la capacidad operativa de PDVSA, default que cierra el acceso a financiamiento internacional, y un régimen autoritario que controla las fuerzas armadas y carece de incentivos para democratizarse. Las alternativas que el realismo clausura no son "utópicas" en abstracto, pero enfrentan obstáculos formidables que deben ser explicitados.

En otras palabras, las alternativas que el «realismo acrítico» clausura incluyen: un modelo de maximización de renta estatal inspirado en Noruega o........

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