A propósito de un comunicado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela con relación al paro de veinticuatro horas convocado por la intergremial universitaria, la Ministra Sanjuán se preguntaba si sería legal que un Decano llame a la paralización de las actividades académicas privando a los estudiantes del derecho constitucional a la educación. Esta pregunta, aparecida en una conocida red social, fue respondida por muchos colegas universitarios. Me guardaré sus nombres, no vaya a ser que la ley en un ataque de ira la agarre con ellos, pero haré un resumen de algunas y aportaré algo propio a este caldo, siempre, por supuesto y como no puede ser de otro modo, llamando a un diálogo amable, constructivo y muy pacífico.

Hubo quien se preguntaba si era efectivamente un Decano el que estaba privando de derecho al estudio a unos estudiantes. ¿No será, acaso, que en los últimos años muchos han sido privados de ese derecho por políticas económicas y públicas obtusas y probadamente fracasadas una y otra vez? ¿Cuántos en edad de estudio han dejado de estudiar por tener que salir del país o sencillamente tener que trabajar en cualquier cosa para contribuir al ingreso de familias hundidas en la miseria? Estimada Ministra, ¿cuántos millones han sido excluidos de su derecho a la educación, y no solo la universitaria, por políticas irresponsables que condujeron al naufragio económico de este país? ¿Pueden responder esta pregunta con transparencia pública los funcionarios responsables de esta hecatombe educativa? ¿Puede dar la Ministra las cifras que tiene a la mano? ¿O no tiene cifra alguna? ¿Quiénes responden? ¿O sencillamente quienes pueden hacerlo estaban comprando kerosén en la bodega, y siguen comprándolo?

Otros afectados se preguntaban si sería legalmente constitucional que el Estado no pague un salario acorde con la canasta alimentaria, con la seguridad social requerida para........

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