El pasado 29 de enero del corriente año (2026) fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos entre júbilo y sonrisas. La reforma fue admitida casi de emergencia, con poca consulta popular y con una evidente influencia estadounidense en su formulación y en la dinámica de sus tiempos. Tras la incursión del 3 de enero por parte del ejército estadounidense en territorio venezolano, el secuestro de Nicolás Maduro y las reiteradas amenazas de un segundo ataque a sus sucesores en la administración política del país. Esta ley se presenta, por una parte, como una respuesta a los nuevos tiempos y también como una forma de contestar al chantaje extranjero.

Lo cierto es que, independientemente de la razón objetada, esta reforma pone en evidencia la profunda afectación que hoy por hoy padece la república, que no es otra que el trastocamiento o la disolución de nuestra soberanía real sobre nuestros recursos y territorio. Aunque no exista ocupación militar del territorio, es obvio que las recientes políticas obedecen a una abdicación, fruto de una derrota militar evidente. Por razones políticas y de cruda supervivencia, el liderazgo nacional encubre esto con cierta retórica circunscrita al pragmatismo y una denominada “diplomacia de paz” inefectiva y absolutamente pírrica.

Solo al entender esta situación es posible considerar de forma adecuada los tiempos que corren; es necesario dejar atrás los discursos triunfalistas o rebuscados. La verdad es la visión concreta de los hechos y los hechos claramente nos hablan de una forma clara. Hoy parece que la política financiera, energética y exterior del país se conforma primero en Washington y luego es refrendada en Caracas. Obviamente, esto representa un hecho terrible para nuestra historia republicana, pero es una situación modificable, siempre y cuando admitamos que existe y trabajemos para cambiarla.

Un vistazo al problema (mentiras que duelen)

Si revisamos la exposición de motivos del proyecto que da pie a la reforma, vemos una serie de atenuantes que son usados para justificar el cambio jurídico. El primero de ellos se refiere al acelerado proceso de transición energética que atraviesa el sistema global de energía. Bajo el argumento de que estamos entrando en un apresurado y total cambio en el patrón energético, en el cual el consumo de energía fósil será desplazado por la energía renovable, se consideraría necesaria la adaptación del marco regulatorio. En principio, creemos que este proceso ciertamente existe, pero en ningún caso es tan rápido, seguro y total como pareciera insinuar la exposición de motivos. Solo basta verificar los informes que tanto la Organización de las Naciones Unidas (https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025) como la Agencia Internacional de Energía (https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023) han revelado al respecto; en ellos se reconoce el rezago e incluso el retroceso que ha tenido esta tendencia en los últimos años.

Esta realidad ha hecho que incluso grandes consorcios energéticos como British Petroleum y otros hayan redirigido sus inversiones de las energías renovables a las energías fósiles (https://www.bbc.com/news/articles/c3374ekd11po). De igual forma, es curioso que la propia promotora de la reforma, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, haya olvidado tan rápido su propia reflexión sobre el asunto en el IX Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en julio del 2025, donde comentaba acerca de las enormes dificultades para el logro de esa transición y lo estratégico que seguía siendo el petróleo en el corto y el mediano plazo.

Somos partidarios de esta visión y creemos que es un error de enormes proporciones el cuestionamiento que se hace sobre el carácter estratégico del petróleo en dicho documento. Cabe destacar las declaraciones de Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), agencia comprometida con la agenda verde, que declaró en 2019 frente al Comité de Energía del Senado de EE. UU.:

"Incluso si todos........

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