El proceso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York, iniciado tras su captura en enero de 2026 bajo cargos de narcoterrorismo, ha entrado en una etapa de definiciones procesales. Actualmente, el caso se ventila en audiencias de estatus ante el juez Alvin Hellerstein, quien ya ha rechazado los intentos iniciales de la defensa por desestimar la acusación. Con este espaldarazo judicial, el proceso avanza ahora hacia la fase de descubrimiento de pruebas (discovery), un periodo que se anticipa extenso debido al masivo volumen de información que la Fiscalía debe presentar, según proyecciones de medios probatorios. La hoja de ruta judicial es clara, aunque los tiempos son elásticos. Tras la declaración de "no culpabilidad" de Maduro y Cilia Flores en su primera comparecencia, el calendario apunta hacia un posible juicio federal a mediados o finales de 2027. Este horizonte temporal dependerá de la resolución de diversas mociones previas, donde la defensa busca anular los cargos antes de que se seleccione un jurado definitivo. En este ajedrez legal, la estrategia del equipo defensor, dirigido por el abogado Barry J. Pollack, ha dado un giro significativo al centrar su artillería en la interpretación de las enmiendas Quinta y Sexta de la Constitución estadounidense. Pollack sostiene que los derechos procesales de sus defendidos han sido vulnerados, argumentando que la insolvencia económica derivada del bloqueo de licencias de la OFAC les impide financiar una defensa de su elección. Bajo esta premisa, la defensa alega que el Gobierno no puede........

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