Los venezolanos aprendimos, a fuerza de dolor, a hacer causa común ante lo intolerable, el hambre convertida en política de Estado, la represión sistemática, los asesinatos y las torturas a civiles y militares, el éxodo masivo que desbordó fronteras y conciencias, ese sufrimiento acumulado logró, por momentos, romper el silencio internacional y obligar a gobiernos y organismos multilaterales a mirar hacia Venezuela, pero mientras ese drama social y político copaba la escena, otro horror avanzaba casi sin palabras: un ecocidio feroz en los estados Amazonas y Bolívar, que devora bosques, envenena ríos y arrincona a los pueblos indígenas en un territorio exageradamente hostil.

Hoy la gran pregunta es por qué, frente a la perversión de la minería ilegal y paraestatal en el sur del país, reina un silencio que se parece demasiado a la complicidad, no se trata solo de la inacción del poder, sino de una subordinación estructural, un régimen articulado en torno a la renta minera emergente, donde figuras de la élite gobernante han convertido el Arco Minero y su expansión de facto sobre áreas protegidas en una fuente esencial de financiamiento político, clientelar y criminal, en ese entramado, la FANB no luce como un actor desbordado, sino como un componente orgánico de una gobernanza híbrida que asocia pranes, bandas locales, disidencias guerrilleras y operadores estatales para asegurar rutas, combustibles, maquinarias, pistas clandestinas y exportación ilícita de minerales.

La ONG SOS Orinoco, ha descrito con precisión el modelo que se ha consolidado al sur del Orinoco, una “gobernanza criminal híbrida” donde pranes, grupos armados irregulares y piezas de aparatos estatales conforman una trama que controla el territorio, la logística y las rutas de extracción y salida del oro, coltan, casiterita y otros minerales, la Corporación Venezolana de Minería funciona, en este contexto, como barniz de legalidad para una extracción que en la práctica es ilícita, conectando el Arco Minero con puertos como La Guaira y mercados internacionales mediante esquemas de blanqueo de minerales.

Esa arquitectura no es improvisada, responde a una decisión política de apostar por el extractivismo minero como tabla de salvación en medio del colapso petrolero y la crisis económica, el decreto del Arco Minero de 2016 marcó un punto de inflexión, desde entonces la minería, legal e ilegal, se expandió más allá de toda poligonal, a compartir buena parte del territorio al sur del Orinoco y afectado parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales y territorios indígenas protegidos en papel, pero desguarnecidos y brutalizados en la realidad.

En este escenario, la FANB aparece de dos maneras:

Como fuerza formal que, de manera episódica, muestra decomisos de aeronaves, cierres de pistas clandestinas en “operativos exitosos”.

Como actor en las sombras que se beneficia del contrabando, el cobro de vacunas, la protección de campamentos y la asociación con grupos irregulares.

Múltiples testimonios recopilados han señalado reiteradamente la participación de militares en el cobro de impuestos informales a mineros, en la protección de balsas y dragas y en la articulación con guerrillas como el ELN y disidencias de las FARC, que controlan áreas de extracción, transporte y comercialización.

El estruendoso ecocidio.

El término no es retórico, SOS Orinoco ha hablado de un ecocidio en la Amazonía venezolana, una destrucción de ecosistemas que, por su escalada y carácter deliberado, compromete la viabilidad ecológica de regiones enteras y el futuro de múltiples generaciones, imágenes satelitales analizadas por la organización muestran una pérdida de cientos de kilómetros de bosques entre 2000 y 2024 en la Amazonía venezolana, con una marcada aceleración en los últimos años en áreas bajo influencia directa del Arco Minero y de la minería ilegal.

Los impactos se sienten en varias capas simultáneas, deforestación masiva de bosques húmedos, fragmentación de habitas, destrucción de suelos y pérdida de biodiversidad en zonas como la Reserva Forestal de Imataca, El Caura, La Paragua, la cuenca del Caroní, el Parque Nacional Canaima y el Parque Nacional Yapacana, contaminación de ríos y quebradas con sedimentos y mercurio, afectado la calidad del agua, las cadenas tróficas y la salud de las comunidades ribereñas, que dependen de esos cursos para consumo, pesca y vida cotidiana, proliferación de enfermedades como el paludismo, asociadas a las alteraciones de ecosistemas, la presencia masiva de trabajadores mineros y el colapso de los servicios de salud, incremento de incendios de vegetación, muchos vinculados a la expansión de actividades ilegales, que duplicaron su frecuencia en 2024 y golpearon especialmente los bosques de la Amazonía venezolana.

En Yapacana, SOS Orinoco ha documentado al menos 2.000 hectáreas del parque devastadas por una minería absolutamente ecocida, con kilómetros de mineros dentro de un área protegida que debería ser uno de los bastiones de conservación más importantes del país, lo mismo sucede en Canaima, donde se ha mostrado cómo la minería se instala dentro de un Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con impactos directos sobre ríos, tepuyes y territorios Pemón, mientras el Estado promueve la actividad minera en el marco del Arco Minero y bloquea cualquier intento serio de supervisión internacional.

Las comunidades indígenas del sur de Venezuela son las primeras víctimas de este modelo, informes de organizaciones de derechos humanos han descrito la minería al sur del Orinoco como un crimen socio-ambiental, marcado por devastación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, contaminación mercurial de suelos y fuentes hídricas, cacería no sostenible, tráfico de especies y graves impactos sociales y culturales, para estos pueblos, no se trata solo de un daño ambiental, sino de la destrucción de su casa, su memoria y sus formas de vida.

La minería ha envenenado aguas, enfermedades por mercurio, conflictos violentos por invasiones de mineros foráneos, prostitución, tráfico de drogas y alcohol, y una espiral de violencia de las guerrillas, las comunidades que se oponen a la minería defendiendo sus territorios han enfrentado hostigamiento, represalias, intimidación, amenazas y asesinatos, tanto por parte de agentes estatales como de grupos criminales y paraestatales, no es casual que organizaciones de derechos humanos adviertan que, si el ritmo del extractivismo se mantiene, en pocas décadas muchos pueblos indígenas de la Amazonía venezolana se convertirán en mano de obra minera precarizada, despojada de su identidad y su territorio.

Un elemento que debe ser de reflexión profunda es que nos encontramos ante un crimen transgeneracional, sus efectos no se agotan en el presente, sino que hipotecan las posibilidades de vida digna para las generaciones futuras, la pérdida de bosques y biodiversidad, la contaminación de las principales fuentes de agua dulce del país, la destrucción de territorios indígenas y la consolidación de economías criminales en el corazón de la Amazonía no son daños reversibles en el corto plazo, y es urgente que todo el país levante sus voces en protesta a esta devastación del territorio de alto y significativo impacto al futuro.

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