Los venezolanos aprendimos, a fuerza de dolor, a hacer causa común ante lo intolerable, el hambre convertida en política de Estado, la represión sistemática, los asesinatos y las torturas a civiles y militares, el éxodo masivo que desbordó fronteras y conciencias, ese sufrimiento acumulado logró, por momentos, romper el silencio internacional y obligar a gobiernos y organismos multilaterales a mirar hacia Venezuela, pero mientras ese drama social y político copaba la escena, otro horror avanzaba casi sin palabras: un ecocidio feroz en los estados Amazonas y Bolívar, que devora bosques, envenena ríos y arrincona a los pueblos indígenas en un territorio exageradamente hostil.

Hoy la gran pregunta es por qué, frente a la perversión de la minería ilegal y paraestatal en el sur del país, reina un silencio que se parece demasiado a la complicidad, no se trata solo de la inacción del poder, sino de una subordinación estructural, un régimen articulado en torno a la renta minera emergente, donde figuras de la élite gobernante han convertido el Arco Minero y su expansión de facto sobre áreas protegidas en una fuente esencial de financiamiento político, clientelar y criminal, en ese entramado, la FANB no luce como un actor desbordado, sino como un componente orgánico de una gobernanza híbrida que asocia pranes, bandas locales, disidencias guerrilleras y operadores estatales para asegurar rutas, combustibles, maquinarias, pistas clandestinas y exportación ilícita de minerales.

La ONG SOS Orinoco, ha descrito con precisión el modelo que se ha consolidado al sur del Orinoco, una “gobernanza criminal híbrida” donde pranes, grupos armados irregulares y piezas de aparatos estatales conforman una trama que controla el territorio, la logística y las rutas de extracción y salida del oro, coltan, casiterita y........

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