Un drama humanitario que se agrava.

La devastación que viven hoy los pueblos indígenas en el estado Apure ha llegado a un punto de no retorno, es una tragedia nacional que transcurre en silencio, lejos de las cámaras y del interés político, las comunidades Jivi, Cuiva, Pumé, Yaruro y Capuruchanos, de los Municipios, Achaguas, específicamente en Guachara, y en el municipio Pedro Camejo y Rómulo Gallegos, sobreviven en condiciones de deterioro absoluto: sin servicios médicos ni educativos, sin acceso a agua potable ni alimentos básicos, e incluso sin la esperanza de permanecer en sus territorios históricos.

Sin embargo, esta desolación no comenzó ayer, es el resultado de décadas de abandono institucional, corrupción y desidia estatal, enfermedades erradicadas hace años, como el paludismo o la tuberculosis, regresaron con fuerza, mientras la desnutrición infantil avanza sin contención, según un estudio de Kapé Kapé (2024) , el 63% de las comunidades indígenas del sur de Apure no recibe atención médica regular, y más del 70% carece de esquemas básicos de vacunación, en muchos caseríos, las muertes se registran en cuadernos comunitarios, porque no existen médicos ni funcionarios que extiendan una partida de defunción, y los costos de trasladar alguno son elevados, exigidos en dólares en efectivo e incluso extorsivos.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) advirtió en 2023 que la situación sanitaria indígena en Apure y Amazonas constituye una “catástrofe humanitaria sostenida”, comunidades enteras, desesperadas, se trasladan hacia San Fernando de Apure buscando atención o alimentos, pero terminan confinadas en cinturones de miseria urbana, donde el hambre, la exclusión y la violencia repiten el mismo ciclo de sufrimiento.

El éxodo, el hambre y la pérdida del territorio.

Como si el deterioro sanitario fuera poco, las comunidades indígenas enfrentan el despojo territorial y la violencia armada, desde los años noventa, las etnias amazónicas y apureñas han sufrido el hostigamiento de grupos irregulares, el control de las rutas fluviales por parte de las FARC y el ELN, denunciadas en investigaciones previas, ha obligado a centenares de familias a huir hacia zonas fronterizas, victimas d violaciones, de heridas de balas, etc., hoy, esa presión se agrava por el avance del narcotráfico y la minería ilegal en los ríos Meta, Capanaparo entre otros.

De acuerdo con el Informe PROVEA 2025, al menos 4.500 indígenas apureños han cruzado hacia Colombia y Ecuador en los últimos cuatro años, muchos de ellos enfermos, heridos o desnutridos, niños que antes pescaban en sus comunidades hoy mendigan en las calles de Bogotá o Lima, lo que antes era desplazamiento interno se ha transformado en una diáspora indígena a escala regional, sin ningún plan de control o mitigación al respecto.

Las condiciones dentro de Apure son estremecedoras, en la mayoría de los caseríos indígenas no hay agua segura, los habitantes beben directamente de caños contaminados, de charcas o de ríos turbios, este es un drama general en las zonas urbanas, en las zonas indígenas resulta peor, la alimentación se limita a yuca amarga, plátano verde y algunos peces, desde 2020, no se realizan campañas de vacunación, y los medicamentos básicos son casi inexistentes, algunos pobladores actúan de forma solidaria, y las iglesias evangélicas intentan ayudar en lo que pueden en la propia dimensión de sus limitaciones, el Informe Anual Kapé Kapé 2025 confirma que más de la mitad de las comunidades visitadas en Apure y Bolívar no ha recibido atención médica ni educativa desde hace varios años, no existen docentes bilingües ni escuelas funcionales, los niños ya no aprenden a leer ni a escribir, y los saberes ancestrales, la lengua, la tradición, la medicina natural, se extinguen junto a los mayores que mueren sin auxilio alguno.

A esta tragedia se suma un hecho aún más doloroso: ninguna instancia oficial ni humanitaria ha ofrecido respuesta, no hay presencia del gobierno nacional, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas , ni de la Gobernación de Apure o de las alcaldías, tampoco ONG locales ni atención internacional humanitaria sostenida, las denuncias quedan en el aire, y los organismos que alguna vez prestaron acompañamiento se han retirado por falta de recursos o temor a represalias, en esas comunidades, la palabra Estado, es miseria.

La violencia y el silencio.

Por si fuera poco, la violencia no se limita a la miseria material, niñas indígenas son explotadas sexualmente, varias denuncias se han realizado en años anteriores ante el Ministerio Publico, adolescentes reclutados por grupos armados, y jóvenes empujados al consumo o tráfico de drogas, estas prácticas se han vuelto comunes en zonas rurales y fronterizas, donde el abandono institucional es total, no hay jueces, ni fiscales, ni programas de protección, el dolor se multiplica mientras la impunidad crece, esta calamidad es simplemente un espejo del país que hemos sufrido en los últimos años, el Informe Regional PROVEA 2025 lo resume con precisión: “La omisión estructural del Estado venezolano ha permitido que el hambre y las enfermedades operen como mecanismos de exterminio”, y en efecto, se trata de un exterminio lento, sin armas visibles, pero sostenido por el peso de la indiferencia.

Frente a esta desidia, cabe recordar que el artículo 119 de la Constitución reconoce a los pueblos indígenas sus territorios, culturas y derechos originarios. No obstante, ese reconocimiento se ha convertido en letra muerta, en el Apure profundo, donde debería haber módulos de salud, solo hay enfermos olvidados; donde debieron construirse escuelas, solo hay niños sin instrucción; donde antes hubo comunidades vivas, hoy quedan ruinas humanas envueltas en silencio estruendoso, qué país puede llamarse justo si deja morir de hambre y enfermedad a sus pueblos originarios, mientras sigue exportando petróleo, oro y gas, lo que existe en Apure no es solo pobreza: es una fractura dolorosa, un quebranto de la dignidad nacional, cada anciano enterrado en bolsas negras, cada niño que muere de fiebre sin diagnóstico, cada madre que mendiga una pastilla o un trozo de pan, representa el colapso del Estado venezolano.

Por todo esto considero, que se debe instar a la creación de un Plan Nacional de Emergencia Indígena, articulado con los propios pueblos originarios, y con apoyo real de organismos internacionales, no hacerlo equivale a tolerar un genocidio encubierto, una destrucción silenciosa que ya está arrasando con la raíz más antigua de nuestra identidad, Apure clama por justicia, los rostros demacrados de sus pueblos indígenas deben dolernos a todos, porque si ellos desaparecen, con ellos se extingue una parte esencial de lo que somos como nación.

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