Una regularización insensata

Es una chapuza jurídica, un coladero de fraudes, un estímulo a las mafias de la inmigración y una invitación a perseverar en la ilegalidad como forma más eficaz de quedarse en España

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El proceso de regularización de inmigrantes en España no ha sido aún aprobado y ya cuenta con dos enmiendas a la totalidad procedentes de Bruselas y del Consejo de Estado, además de haber sido rechazado por el Congreso. Es una consecuencia natural de la precipitación con la que Sánchez decidió impulsar este siempre espinoso procedimiento, cuya finalidad es pagar a Podemos el peaje que permitió contentar a Junts con las competencias en inmigración. Como nada es gratis, el comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, confirmó en una respuesta parlamentaria que el Gobierno español no ha informado a las instituciones europeas de su proyecto de regularización y avisó de que España tendrá que asumir el retorno de cualquier inmigrante regularizado que viaje a otro país de la UE. De esta manera, el Gobierno queda retratado por usar Europa a su conveniencia: unas veces justificando falsamente en sus normativas algunos de sus mayores despropósitos legislativos de sus legislaturas; y en otras, ignorándola en sus verdaderos intereses colectivos, como el de la inmigración. Que Sánchez no se llame a engaño cuando las respuestas de la UE o del resto de países miembros sean de mayor calado y cuestionen, por ejemplo, la libertad de circulación –es decir, el espacio Schengen– por las fronteras de España con Portugal y Francia. Mucho más impacto va a tener el dictamen aprobado por el Consejo de Estado, que reduce a papel mojado el proyecto de real decreto del Gobierno para la regularización de inmigrantes. El propio Consejo de Estado advierte de que sus observaciones son esenciales. Tales comentarios no son formalmente vinculantes para el Gobierno, pero tienen dos efectos: si no son atendidas el real decreto se aprobaría sin el acuerdo del Consejo de Estado y se convertirán en argumentos sólidos para impugnar judicialmente la norma, incluso para lograr su suspensión cautelar.

El dictamen se refiere a varios puntos vitales de la regularización. Rechaza la legalización de inmigrantes sin nacionalidad conocida; no admite vincular sin más la condición de vulnerable a la de inmigrante sin papeles, de manera que tal condición habrá que acreditarla objetivamente; exige rigor para demostrar que el solicitante no tiene antecedentes penales, no siendo suficiente una 'declaración responsable' del propio inmigrante; y considera que el encargo a la sociedad pública Tragsa –que cuenta con el rechazo de Comisiones Obreras– debe concretarse en tareas específicas dentro del proceso de tramitación de los expedientes. El horizonte que dibujan Bruselas y el Consejo de Estado es muy complicado para el Gobierno en caso de que no introduzca las enmiendas necesarias en su proyecto de real decreto o, más claro aún, en caso de que no lo retire. Lo que ha propuesto Sánchez no es un procedimiento justo para reconocer derechos laborales y sociales a los que honradamente trabajan en España sin amparo legal, sino una chapuza jurídica, un coladero de fraudes y engaños, un estímulo a las mafias de la inmigración, una invitación a perseverar en la ilegalidad como forma más eficaz de entra en España y un monstruo burocrático difícilmente asumible por una Administración pública que malamente puede gestionar en la actualidad, con plazos razonables, las peticiones de los ciudadanos.

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