Los que se oponen a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales alegan, como principal argumento, un hipotético impacto negativo en las pequeñas empresas, tanto en términos de coste económico como de organización del trabajo. La realidad de los datos pone en cuestión esta afirmación.

En primer lugar, de las más de 16 millones de personas afiliadas al régimen general de la Seguridad Social, solo 3 millones trabajan en micro empresas, las que tienen una plantilla por debajo de 10 empleados. Más aún, la tercera parte de estas empresas de menor tamaño desarrolla su actividad en sectores que están regulados por convenios colectivos que tienen jornadas pactadas por debajo de las 40 horas semanales.

En segundo lugar, no se puede establecer una cifra única del coste de reducir por ley el tiempo de trabajo, dada la enorme diversidad de las jornadas pactadas en cada uno de los más de 5.000 convenios colectivos en........

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