Hay victorias que, con el tiempo, se aprenden a mirar con una mezcla extraña de orgullo y melancolía. La Ley de Etiquetado de Alimentos —Ley 20.606, promulgada en 2012 y vigente en su forma más exigente desde 2019— es una de esas victorias. Un octágono negro estampado en una bolsa de papas fritas puede parecer una cosa menor. Pero quienes vivieron de cerca ese proceso saben que detrás de ese símbolo hay algo mucho más grande: la prueba de que Chile fue capaz, alguna vez, de legislar bien.

La historia comienza antes de que nadie hablara de “alto en sodio” o “alto en azúcar” en la conversación cotidiana. A mediados de los años 2000, un puñado de grupo parlamentarios presentaron una moción que, en su forma original, nadie apostaba a que llegaría lejos. No era una iniciativa del Ejecutivo. No tenía el músculo de un ministerio detrás. Era una moción parlamentaria —ese instrumento modesto, a veces despreciado— que proponía algo radical en su sencillez: que los chilenos supieran qué estaban comiendo.

Lo que vino después fue una lección sobre cómo funciona la política cuando todavía cree en sí misma.

El proyecto se fue construyendo apoyo de manera transversal, en una época en que esa palabra no había perdido aún su significado.........

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