El próximo presidente de Colombia no recibirá un país; recibirá un campo de escombros. Quien gobierne desde agosto heredará unas finanzas en cuidados intensivos, una seguridad desbordada, una institucionalidad golpeada y una confianza internacional en mínimos. Restaurarlo no será fácil, pero empezar es urgente: por eso esta elección importa como pocas.

Empecemos por las cuentas, donde no hay margen para la interpretación. En diciembre de 2025, Fitch Ratings rebajó la nota soberana de Colombia de BB a BB —más adentro del grado especulativo— por déficits fiscales persistentes y deuda creciente (El Colombiano, 2025). El déficit cerró 2024 en 6,7 % del PIB, el más alto sin contar la pandemia; la economía creció apenas 2,6 % en 2025 y la inversión privada sigue cayendo. La propia Fitch advirtió que la consolidación fiscal será difícil después de 2026 “independientemente del resultado electoral”: el próximo gobierno arranca con las manos atadas.

Sigamos por la corrupción, que dejó de ser sospecha para volverse expediente judicial. El caso de la UNGRD —la entidad que debía llevar agua a La Guajira y terminó, según la Fiscalía, desviando recursos para comprar apoyos en el Congreso— es el mayor escándalo del gobierno (El Heraldo, 2025). Por él, dos exministros fueron enviados a prisión preventiva por orden........

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