En el nuevo Congreso bicameral se instalará una oposición que se encuentra en mejores condiciones que en 1992 y 1995 para hacer frente al autoritarismo. Si, bajo cualquier pretexto, esa oposición renuncia a su deber de constituir un acuerdo democrático, sería una alevosa deslealtad con quienes votaron por candidaturas que reclamaron ser notoriamente distintas de las que representan la continuidad del régimen que gobierna en los últimos años, reelegido el 7 de junio.

Un acuerdo democrático parlamentario es más que una alianza para conducir las mesas directivas en Diputados y Senadores o para repartirse las comisiones. Es un compromiso, una ruta y una agenda que permitirían iniciar la recuperación del equilibrio de poderes y la vigencia de las reglas de juego, donde las formas no traicionen el fondo. Es, al mismo tiempo, una irrepetible oportunidad para reformar la actividad parlamentaria, extraviada en los últimos 10 años.

Tres tendencias que se echan a andar en los últimos días contradicen, de modo suelto, la posibilidad de ese acuerdo. La más visible, el minimalismo formal, se satisface con que el poder deje de ser radical en la palabra. Se empeñan en ofrecer, desde la independencia, sugerencias novedosas y bien intencionadas a los ganadores de la segunda vuelta, con énfasis en gestos y concesiones; es decir, en hacerse potables. En el paquete de sugerencias, no obstante, no se encuentran menciones a compromisos sobre la captura del Estado, la legislación autoritaria de los últimos años y las prácticas silenciadoras contra quienes el poder considera adversarios por destruir.

La otra tendencia es la trampa de la bisagra. Parte de un rayado de cancha que arguye que lo fundamental es la identidad del mapa parlamentario y la preservación de su origen electoral, a despecho del contexto surgido en la segunda vuelta y luego de ella: dos grupos de derecha, dos de izquierda y dos de centro, de........

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