Acceder a derechos básicos como una pensión o una prestación por desempleo no debería convertirse en una carrera de obstáculos. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo en muchas oficinas de la Seguridad Social y del SEPE. Conseguir una cita previa para realizar trámites esenciales se ha vuelto una tarea heroica, cuando no imposible para la mayoría de los mortales, con demoras que superan los veinte días de media y con casos en los que directamente resulta inalcanzable obtener cita en la propia ciudad y uno se tiene que coger el coche e irse a otra provincia. Y lo preocupante no es solo la demora, sino el modelo de atención que se ha consolidado. La cita previa nació como una medida excepcional durante la pandemia para evitar aglomeraciones. Pero lo que debía ser temporal se ha transformado en un sistema rígido que, en la práctica, funciona como un filtro de acceso a la Administración insuperable. El problema es que ese filtro no afecta a todos por igual: golpea con más fuerza a las personas mayores, a quienes carecen de habilidades digitales y a los colectivos más vulnerables. Los ministerios de Yolanda Díaz y Elma Saiz, de los que dependen estos organismos, niegan que exista un colapso generalizado y aseguran que existen mecanismos para priorizar a personas vulnerables y que los tiempos de resolución de expedientes son relativamente rápidos una vez iniciado el trámite. No dudo de las estadísticas que manejan, que pueden estar de su parte, pero la realidad es que el caos se ha apoderado de decenas de oficinas del INSS y el SEPE por todo el territorio nacional. Todos conocemos a alguien que está desesperado por ello o lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. El teléfono de atención está saturado de manera habitual y, si a esto se suma la dificultad para conseguir cita presencial, el resultado es una sensación de abandono administrativo que mina la confianza en las instituciones, como una clasista barrera invisible.

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