Mientras buena parte del debate político sigue atrapado en la confrontación estéril, de vez en cuando aparece una medida que recuerda para qué existe realmente el Estado: resolver problemas. El reciente Decreto Supremo N.° 010-2026-JUS, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la conducción del ministro Luis Jiménez Borra, es uno de esos casos.

La norma establece un procedimiento excepcional y temporal para recomendar la conmutación de la pena a sentenciados por el delito de omisión de prestación de alimentos. Traducido al lenguaje ciudadano: quienes se encuentran en prisión por no cumplir con sus obligaciones alimentarias podrán acceder a un beneficio siempre que paguen, como mínimo, el 70 % de la deuda fijada judicialmente y cumplan estrictos requisitos adicionales.

La reacción inmediata de algunos sectores ha sido la previsible. Se escucha........

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