En nuestras clases de Derecho muchos hemos escuchado acerca de la tendencia “pro-deudor” del Derecho peruano. Aprendimos que el Derecho no es neutral: descansa sobre valores y sesgos culturales. Que el acreedor tuviera la cuesta arriba para cobrar —por la carga de la prueba, restricciones en métodos de cobranza y límites a las penalidades— no era casualidad, sino parte de un diseño institucional que privilegiaba la “equidad” (mal entendida) por sobre la eficiencia y la justicia. La negativa a declarar la nulidad de las elecciones presidenciales en Perú nos dice algo similar sobre nuestro sistema legal. Ahora que el JNE ha declarado (avalado) el pase a segunda vuelta de Sánchez sobre López Aliaga, cabe una reflexión al respecto:

En 2016, en Austria, los votos por correo no fueron bien contabilizados: hubo poca transparencia y se quebraron reglas procedimentales. El Tribunal Constitucional decidió anular las elecciones. El estándar exigido no fue “fraude”, sino irregularidades públicamente conocidas con potencial —abstracto, no estadístico— de afectar el resultado de una elección reñida (los candidatos se separaban por unos 30k votos).

El paralelismo con........

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