La afirmación —en un programa dominical reciente— de la congresista Sigrid Bazán, quien calificó a Guillermo Bermejo como “preso político”, es un obvio intento de blanquear la trayectoria de un operador político no solo procesado judicialmente por sus vínculos con el narcosenderismo del VRAEM, sino también acusado por antiguos nexos con las redes prochavistas en Latinoamérica. Con ello se pretende normalizar su presencia en la vida política e institucional del país, pese a los peligros que encarna.

Guillermo Bermejo (50 años, limeño) se vinculó desde inicios de los 2000 con colectivos de izquierda radical como "Todas las voces" y, posteriormente, con la Coordinadora Continental Bolivariana, plataforma de articulación del chavismo en esta parte del continente. En esos años ya era conocido como “camarada Che”, alias con el que se le identificó en reuniones con militantes extremistas.

La Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) acumuló durante más de una década informes de inteligencia que documentan sus nexos con grupos terroristas. Fotografías y videos lo registran caminando junto a activistas senderistas conectados al VRAEM. Colaboradores eficaces como Ulser Pillman declararon que Bermejo asistía a reuniones de adoctrinamiento y recibía instrucción política de los remanentes senderistas en los mismos campamentos. Estas pruebas fueron fundamentales para la sentencia de 2025, que lo condenó a 15 años de prisión efectiva por afiliación terrorista. No se trató de una persecución política, sino de un proceso judicial sustentado en evidencias acumuladas durante años.

La congresista Sigrid Bazán —en el programa dominical— preguntaba a la audiencia: “¿Cuál es el acto terrorista cometido por Bermejo?”. Ciertamente, el también exparlamentario nunca puso una bomba; pero eso no lo desvincula de las estructuras senderistas, tanto las “políticas” (Bermejo llegó al Congreso impulsado por un prosenderista evidente como Castillo, quien en 2021 usó el poder presidencial para infiltrar al Movadef-SL en el Estado vía prefecturas y ministerios) como las remanentes del Vizcatán. La responsabilidad de Bermejo no se mide solo por acciones violentas, sino también por sus conexiones ideológicas y políticas.

Cabe recordar que el fallecido exvicepresidente Luis Giampietri denunció públicamente que Bermejo estuvo vinculado a un plan de atentado frustrado contra él y Alan García en 2006. Según su testimonio, la DIRCOTE habría neutralizado una operación que pretendía detonar balones de gas desde el cerro San Cristóbal, a espaldas de Palacio de Gobierno, con participación de personas del entorno político de Bermejo. Giampietri —vicealmirante y actor clave de la operación Chavín de Huántar contra el MRTA en 1997— sostuvo que existían reportes de inteligencia y documentos policiales que sustentaban la alerta, aunque el caso no prosperó judicialmente ni derivó en una acusación formal. Aun así, el exvicepresidente mantuvo hasta su fallecimiento que se trató de una amenaza real y subestimada, lo cual añade un matiz inquietante al relato que hoy busca imponer la congresista Bazán al presentar a Bermejo como un “preso político”.

Bazán da a entender que su defendido no es terrorista. Quizá sólo le faltó decir: “Nunca puso una bomba” (Abimael Guzmán, por cierto, jamás disparó una bala pero fue jefe terrorista). Este argumento es falaz. Las legislaciones antiterroristas internacionales reconocen que basta la afiliación, la amenaza de violencia o el adoctrinamiento con fines políticos violentos para configurar el delito. En el Perú, la sola conexión con redes extremistas es suficiente para sancionar, pues esas redes han sido herederas o han dejado miles de muertos y siguen operando asociadas al narcotráfico, como es el caso de los Quispe Palomino.

Calificar, entonces, a Guillermo Bermejo como “preso político” es un acto de complicidad disfrazado de intenciones democráticas. No se trata de un perseguido por sus ideas, sino de un condenado por sus vínculos probados con el narcoterrorismo.

El excongresista de "Perú Libre" fue además uno de los principales operadores del “capítulo Perú” del chavismo, participando en encuentros internacionales de la Coordinadora Continental Bolivariana. Ya en el Congreso se esforzó por impulsar una ley de la coca inspirada en el modelo boliviano de Evo Morales, que explica en gran parte el nivel de narcoestado al que llegó Bolivia. Su tendencia era evidente desde antes, en la campaña de 2021, cuando advirtió que Castillo expulsaría a la DEA del Perú si llegaba a Palacio de Gobierno.

Minimizar este recorrido político, como pretende Bazán, es seguir subestimando los riesgos de la infiltración extremista en nuestras instituciones para dinamitarlas desde dentro. Fue así que Bermejo llegó a tener una curul parlamentaria (con solo 8 245 votos en Lima). La ingenuidad o la complicidad fueron sus facilitadores.

La ciudadanía peruana no puede acostumbrarse a creer que el terrorismo solo se expresa con bombas y disparos. La sola amenaza de violencia con propósitos políticos, la infiltración ideológica violenta y la conexión financiera con economías ilícitas son también formas de violencia letales contra la democracia y las libertades. *Miguel Lagos | Analista político 

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