Mientras el Perú atraviesa un clima político, social y económico cada vez más tenso, la atención pública parece desviarse hacia polémicas pasajeras y escándalos mediáticos. Pero detrás de ese ruido superficial se mueve un asunto mucho más serio: el futuro energético del país, y ese futuro tiene nombre propio: el gas de Camisea. El gas natural es una de las mayores riquezas estratégicas del Perú. No solo es una fuente de energía, sino una palanca para el desarrollo industrial, la competitividad económica y la seguridad energética nacional. Sin embargo, hoy vuelve a discutirse su destino bajo un esquema que recuerda viejas prácticas que tanto daño han hecho al país: decisiones entre cuatro paredes, documentos que nadie muestra y negociaciones que avanzan sin debate público. La reciente paralización del sistema de transporte de gas durante casi catorce días, tras una explosión que aún genera interrogantes, ha despertado sospechas en autoridades regionales, dirigentes sociales y organizaciones del sur del país. La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿fue realmente un accidente o una coincidencia demasiado conveniente en medio de la negociación de una nueva adenda contractual? Cuando el país enfrenta un posible desabastecimiento de gas natural que afecta a miles de unidades de transporte público y a miles de familias, lo mínimo que se espera del Estado es transparencia absoluta. Pero lo que hay es silencio. ¿Dónde están los documentos de la adenda? ¿Quién ha explicado públicamente sus condiciones? ¿Quién garantiza que no se estén ampliando beneficios contractuales sin exigir mayores compromisos de inversión? El Perú ya conoce los costos de los acuerdos secretos: basta recordar los pactos ocultos vinculados al escándalo de Odebrecht, un capítulo vergonzoso que demostró cómo las decisiones tomadas en la oscuridad pueden hipotecar el futuro de toda una Nación. El gas natural no es un negocio menor ni un contrato administrativo más: es un recurso estratégico que pertenece a todos los peruanos. Por eso resulta inaceptable que las regiones del sur —Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna— sigan siendo prácticamente invisibles en esta discusión, cuando Cusco alberga el mayor yacimiento del país. Las decisiones que comprometen el destino energético del Perú no se toman en la penumbra ni bajo presión política. Se toman con debate nacional, transparencia absoluta y participación de las regiones. El gas del Perú pertenece a la Nación. He dicho.

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